Justicia que da pena

Justicia que da pena

Agosto 16, 2012 - 12:00 a.m. Por: Gerardo Quintero

Qué triste que tenga que ser un caso tan dramático y tan mediático como el que rodeó al exdiputado Sigifredo López para que quede en evidencia la fragilidad de la justicia en Colombia.Tuvo que arrastrarse con la dignidad de Sigifredo, que su familia fuera señalada, que su imagen quedara por el piso reseñado como el peor caín de la historia de Colombia, para que luego ante la evidencia de bulto, el fiscal Eduardo Montealegre dijera públicamente: ‘Sigifredo, qué pena, lo sentimos, usted es un hombre libre, los testigos en su contra no son creíbles’.La debilidad de la justicia, sus pobres mecanismos de investigación, la poca preparación de los fiscales y el abuso de muchos testigos, que a través de declaraciones falsas pretenden reducir sus penas, quedaron en evidencia en el proceso contra el ex diputado.Sigifredo recuperó su libertad, por fortuna para él, pero no su dignidad, como él mismo lo reconoció en entrevista con este diario. Y si eso le sucedió a Sigifredo, personaje público, sobreviviente de la masacre de las Farc, qué se puede esperar para cualquier vecino de barrio que termina enredado en un lío judicial.Los centros de reclusión del país registran un hacinamiento superior al 200% y gran parte de esta situación es por la falta de resolución de los casos de los implicados. En las cárceles del país ocurren los sucesos más aberrantes que pueden ocurrir en un estado de derecho: los sindicados de delitos comparten espacio con los condenados. En Colombia primero capturan y luego, unos años después (si hay suerte) investigan. La justicia nuestra es de papel, absolutamente desconfiable, en la que un amplio número de procesos se resuelven con sobornos, cercanías con fiscales y jueces, consecución de falsos testigos o dilatación de procesos. Es un asco lo que ocurre en el sistema judicial colombiano, el mismo en el que nivel de impunidad por casos de hurto ronda el 85% y por casos de homicidios, el 70%. Tan solo en la capital del Valle, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, hay 700 procesos judiciales del nuevo sistema penal acusatorio que están represados. Un país que pretende estacionarse en niveles de desarrollo debe trabajar por lograr equidad social, pero también propugnar por un sistema judicial eficiente, equilibrado, que genere confianza a sus ciudadanos. De lo contrario, estamos condenados a una justicia paquidérmica, de falsedades y llena de irregularidades.

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