Un mes de anarquía

Un mes de anarquía con estertores de normalidad en un país tomado por la violencia, la intimidación y el chantaje, propiciada por un sector político cuyo objetivo es destruir y a partir del caos pretender ser el Mesías. Un mes de salvajismo, bloqueos ilegales y protestas confusas, y una economía que se cae a pedazos mientras las UCI colapsan. Un mes de impotencia por la dificultad o desidia del Estado al defender a sus ciudadanos.

Una cosa es la dolorosa realidad de millones de colombianos -muchos de ellos jóvenes- que piden ser escuchados; otra, el vandalismo incendiario y embriagado de odio; y otra, quienes con premeditación y alevosía tienen bloqueado al país. A los primeros, mano tendida; a los segundos, someterlos con todo el peso de la ley; y a los terceros, no más concesiones: es imperativo levantar los bloqueos, a las buenas o con el uso de la fuerza.

Así debe ser. No lo es, porque a muchos funcionarios les inquieta ejercer la autoridad. No me refiero solo al Presidente, quien tardó en tomar medidas, sino a la mayoría de gobernadores y alcaldes, a quienes les tiemblan las piernas al aplicar la ley; olvidan que es su obligación garantizar el orden público. Para qué se hacen elegir si no tienen las agallas que demanda gobernar. Flacidez de carácter que en parte explica la debacle.

¿Por qué no levantan los bloqueos? ¿Por temor a los organismos de derechos humanos que de todos modos van a fustigar al Gobierno porque tienen agenda ideológica? ¿Por no contrariar a los del Comité del Paro, quienes están propiciando un golpe al Estado a cuenta gotas? ¿Por no escalar el caos, como si no fuese suficiente el que tenemos? ¿Por limitación en las capacidades de nuestra Fuerza Pública o determinación de la justicia?

Si quienes dicen defender los derechos humanos no ven ni entienden lo que realmente está pasando, vergüenza debería darles de pregonar tal causa. Si los del Comité del Paro se molestan y deciden no volver a la mesa, que no vuelvan; representan a una minoría, incluidos los vándalos y quienes bloquean las vías. Y si el ejercicio legítimo de la fuerza incrementa la conflictividad, pues que así sea; el país no puede continuar secuestrado.

Y si la Policía y las Fuerzas Militares tienen dificultad para restablecer el orden público, hay que darles las herramientas legales y operativas que necesiten. Nadie entiende que unos pocos criminales -el vandalismo y los bloqueos son delito- tengan en jaque a un país de 50 millones de habitantes con 400.000 policías y soldados y cientos de fiscales y jueces.
Aplicar la ley no es una decisión discrecional del funcionario, es su obligación.

El Presidente informó sobre la militarización del Valle y ordenó a la gobernadora y a los alcaldes levantar los bloqueos en coordinación con la Fuerza Pública. Ojalá ocurra, pues hace un mes un oficial se comprometió a restablecer el orden en Cali en 48 horas y hace 13 días se dio la misma instrucción a la Policía y a las FF.MM. El desbloqueo de vías no es fácil y el Gobierno ha hecho un esfuerzo por lograrlo, pero el país continúa sitiado.

Hay momentos en la historia en los que hay que tomar decisiones de resultado incierto. El Presidente debe escoger: restablece el orden y el imperio de la ley, haciendo uso de los instrumentos legales y de fuerza legítima con que cuenta el Ejecutivo, con los riesgos que ello implica, o le sigue dando largas a un reclamo sentido y creciente de orden a la espera de una negociación espuria y claudicante con un grupo poco representativo, apuntalado en la intimidación y el chantaje, y una agenda política nefasta para el país.
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