¿Ubi es iustitia?

El país sensato, porque hay quienes carecen de ese atributo, no sale de su asombro ante el fallo condenatorio al Club El Nogal, por el acto terrorista perpetrado por la guerrilla de las Farc en 2003, en el que fallecieron 39 personas y otras 198 resultaron heridas, además de la destrucción de sus instalaciones. Resulta increíble, por decir lo menos, la decisión mayoritaria de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Señala el tribunal que la corporación falló en la escogencia de sus socios y beneficiarios, en no descubrir el porte de un carnet provisional falso, que debió tener perros en todas las porterías, y que por la situación de inseguridad de Bogotá, debió prever el atentado. Concluye que era su deber garantizar la seguridad de los socios e invitados. Es decir, le asigna una responsabilidad objetiva por haber ‘permitido’ el ingreso del carro-bomba.

Tales consideraciones ya habían sido desestimadas por la instancia judicial previa, al señalar que el deber del Club de velar por la seguridad era de medio y no de resultado, más siendo un hecho fortuito y de fuerza mayor, y como lo señalan las autoridades, no había indicios ni amenaza de atentado, se contaba con las medidas de seguridad idóneas para la época, y la manera como se distribuyó la carga explosiva era difícil de advertir.

Lo más aberrante, en lo jurídico, es que la Sala contradice una sentencia de ese mismo tribunal, y sobre los mismos hechos. Si fuesen distintos vaya y venga, pero es el mismo acto terrorista y las mismas pretensiones.
Lo dice con valor el magistrado Luis Armando Tolosa, al apartarse del fallo: “La sala abruptamente se separa de la línea de pensamiento que se expuso en el fallo emitido el 29 de julio de 2015 en el que se absolvió al club”.

Esto ocurre, además, en un momento en el que las Farc reconocen la autoría del atentado, dicen estar arrepentidos y piden perdón; sale tranquilo y relajado el exguerrillero y hoy senador Lozada -como si se tratara de un hecho menor e intrascendente- a aceptar ese y otros crímenes atroces, y no, nada pasa. Como si se tratara de hechos aislados, cuando además el país sabe que las Farc no ha reparado a sus víctimas ni entregado sus bienes.

Dirán que el deber del tribunal era circunscribirse a los hechos materia de la demanda, y es cierto, pero es difícil disociar el fallo con lo que sucede en el país, en los estertores del mal llamado proceso de paz.
Caballos con anteojeras para eliminar la visión lateral. La Sala ha debido ‘casar’ -es decir ratificar- el fallo que absolvía a El Nogal y señalar que quienes deben responder ante las víctimas, son las Farc. En lo pecuniario y en lo penal.

Es decir, el máximo tribunal de Justicia de Colombia, además de ir en contra de una línea jurisprudencial de más de cien años, como lo advierte el magistrado Tolosa, pareciera vivir en otro país. Igualar al Nogal con las Farc -es lo que hace en la práctica al indilgarle una responsabilidad objetiva- es un insulto. Es más, del fallo se colige la exoneración de las Farc, al insistir en que el club debió tener un perro en la entrada, y con buen olfato.

Si bien el respeto se merece y no se exige, con respeto por las instituciones -incluso por los magistrados que votaron a favor de una ponencia absurda en todo sentido- uno mi voz a la de los colombianos indignados. Iba a decir ‘extrañados’ pero poco sorprenden algunas sentencias de quienes deben impartir justicia. En este caso, sin embargo, no es una audiencia cualquiera la que así ha fallado: es el tribunal supremo de nuestra justicia. Solo resta preguntarse, con dolor de patria, ¿Ubi es iustitia? ¿Dónde estás Justicia?

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