República bananera

Aunque lo nieguen, más de uno estaba alegre con la extensión del período a cinco años, de presidente, gobernadores, alcaldes, congresistas, diputados, concejales, procurador, defensor del pueblo, fiscal, y de los magistrados de las altas cortes. Estaban de pláceme porque el nuevo período incluía una transción que los cobijaba; más de uno permanecía a la espera de la reacción ciudadana para respaldar la reforma o despotricar de ella.

Pero la propuesta de reforma constitucional no solo incluía la ampliación inmediata de los períodos de los funcionarios mencionados: unificaba las elecciones regionales (de gobernadores, alcaldes, diputados y concejales) con las nacionales (de presidente y Congreso), eliminaba las atípicas, congelaba por diez años el salario de los congresistas y reducía a 20% el valor de reposición de votos en las consultas. Era un combo político.

En la sustentación de la ponencia prevalecía la de índole fiscal. La ampliación inmediata de los períodos y la unificación de las elecciones representaría un ahorro cercano a los $2 billones en 20 años y el congelamiento del salario de los congresistas uno adicional de $437 mil millones en 10 años. Y recordaba, entre los argumentos, que entre el 2015 y 2017 se llevaron a cabo 33 elecciones atípicas, y catorce en 2020, lo cual es costoso.

La exposición de motivos indicaba, además, que la extensión de los actuales períodos urgía para “implementar de manera efectiva las acciones requeridas por el covid” y que la crisis económica y social por efecto de la pandemia “ha afectado la ejecución de los programas de gobierno y de los planes de desarrollo a nivel nacional y territorial.” Es decir, que se les debía extender el período, pues el virus no les ha permitido gobernar.

Luego de este recuento, mi posición. La unificación de las elecciones ayudaría a reducir el gasto pero no es clara su conveniencia. Y cuatro años es mucho tiempo para un mal gobierno y poco para uno bueno, por lo que la ampliación a cinco años, aguanta análisis. Pero no así, no con un proyecto capcioso, con firmas ilegibles y sin un examen sereno. La extensión del período de quienes están en ejercicio, además de absurda era grotesca.

Y el argumento esgrimido, que por dedicarse al covid no pudieron impulsar los planes de desarrollo, es muy pobre; bajo esta lógica a quienes les coincida el gobierno con una recesión económica o un desastre natural, podrían pedir la extensión del período. Todo gobierno, a todo nivel, encuentra vientos a favor y en contra. No se gobierna a la carta. Y sí, a los actuales mandatarios les tocó la pandemia y serán evaluados por su manejo.

Si se trataba, además, de una artimaña para atajar a Petro, lograron un efecto contrario; a nadie se le derrota dilatando las elecciónes sino con propuestas y buenos candidatos. Menos con una iniciativa que crea un precedente nefasto, más cuando dicho candidato ha advertido que requiere y va por tres períodos para consolidar su proyecto político. Ojalá en unos años no estemos conteniendo una propuesta parecida, de corte chavista.

Una cosa es la conveniencia o no de algunas de las propuestas de la reforma planteada, cuya discusión es bienvenida, y otra, la manera como pretendían hacerla. Pero más allá del proyecto, hay una preocupación de fondo: la vulnerabilidad de nuestra democracia. De no ser por el rechazo al proyecto, canalizado por los medios, se habría abierto paso. Si aspiramos a ser un país serio, no podemos actuar como república bananera. Con la institucionalidad política no se juega, y ya hay suficiente incertidumbre en el panorama.
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