Pacto de La Picota

Por la boca muere el pez. Un dicho popular que aplica al entramado de imprecisiones y contradicciones de los hermanos José Fernando y Gustavo Petro tratando de justificar la reunión con condenados por corrupción y parapolítica en La Picota, a seis semanas de la primera vuelta de la elección presidencial. Coro al que se han unido prohombres de dicha campaña con rabo de paja o igual de cuestionados a los que están tras las rejas.

Dice Petro, el hermano del candidato, “que su visita nada tuvo que ver con su hermano” y que él incluso se “sorprendió” al enterarse de la reunión en la cárcel, que “no era [un trabajo] directamente para Gustavo Petro” sino para una fundación que dice tener y que “no fue a hablar de perdón social”. Y dijo que le entregará el trabajo al candidato, pero como “un acto personal” porque a “él le interesa lo que está sucediendo en las cárceles”.

Y aclara Petro, el hermano del candidato, que no fue únicamente a encontrarse con Iván Moreno Rojas, sino, que lo hizo con el exsenador Álvaro García Romero, condenado por parapolítica, y tres exgobernadores, entre otros, condenados por corrupción. Y añade que “la conversación se movió exclusivamente con lo que tiene que ver con la política carcelaria, con el problema de la humanización de las cárceles y los derechos humanos”.

Pero Petro, el candidato, conocía muy bien la ‘andanza eclesial’ de su hermano, aunque niegue haberlo enviado “a hablar con los condenados por corrupción y parapolítica”. Así lo confiesa en su respuesta a los medios: “Estaba hablando con Iván Moreno, él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal. Lo que Moreno nos ha sugerido es ser un constructor de algo que he propuesto que se llama el perdón social”.

Al respecto la Unidad Investigativa de Caracol revela que varios reclusos señalaron que en la reunión se les ofreció una reforma a la Justicia con una rebaja de penas del 20%, versión que coincide con un audio que grabaría el narcotraficante y terrorista Marcos Figueroa, en el que invita a votar por el candidato del Pacto Histórico para que “haya beneficios como las rebajas de penas y la redención de condenas: un perdón social”.

La visita ha generado rechazo, además, por la forma como Petro, el candidato, se refirió a Moreno, el cerebro del Carrusel de la Contratación en Bogotá en el que se robaron $2 billones de pesos. Dijo, tratando de atenuar su prontuario criminal y la gravedad de los hechos, que “no es narco ni parapolítico” y que “fue corrupto”. Todo un ángel celestial. Y pasa por alto, claro, que en la reunión había criminales de la peor y más diversa calaña.

En medio de semejante escándalo, que raya con lo ilegal, salen los senadores Bolívar y Benedetti, unas joyas, a justificar el Pacto de la Picota y a decir que “es una estrategia para enlodar a Gustavo.” Ninguna estrategia, salvo se refieran a los actos reprobables de los hermanos. Reunirse en la cárcel de máxima seguridad con esos criminales a días de las elecciones no es un acto humanitario. No crean a los colombianos tan ingenuos.

El perdón social, hábilmente presentado como un proceso de reconciliación, no es más que una artimaña para aceitar las maquinarias electorales que aún se manejan desde la cárcel. Lo demás son mentiras. Pero lo sucedido, más allá de las implicaciones políticas y penales, que en todo país sensato las tendría, confirma lo que sería un gobierno del Pacto Histórico. No solo estarían en riesgo la democracia, las libertades individuales y la iniciativa y la propiedad privada, sino que gobernaría el hampa. Gobernaría La Picota.

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