Más que ineptitud

No se sabe qué es peor, que el Registrador continúe en el cargo, que renuncie o que se nombre a un funcionario ad-hoc para la elección presidencial. Es así porque ya están contratadas las firmas que contabilizan y consolidan los votos y debe estar igualmente definida su organización electoral; el margen de maniobra que existe debe ser mínimo. Lo que no exime de responsabilidad al Registrador, quien ha evidenciado su ineptitud.

Desde su elección Alexánder Vega está en el ojo del huracán. En su momento contradijo al Dane al decir que en Colombia había 55 millones de habitantes y no 50, como si cinco millones de más -y en el censo electoral de la Registraduría- fueran intrascendentes en unas elecciones. También diría, ante cuestionamientos que en su momento recibió, que “el que no sienta garantías o crea que le harán fraude, pues no debería presentarse”.

Luego vendría el episodio de los jurados y los tarjetones en la elección del Congreso, en el que se habrían contabilizado de manera errónea los resultados del Senado, dándole al Pacto Histórico 390 mil votos más, alcanzando ese partido tres senadores adicionales. Lo que generó y con razón, el rechazo en las demás colectividades, pues no deja de ser extraño que el problema detectado en la lectura de los E14 terminase favoreciendo a un solo partido.

Lo inusual es que las críticas al Registrador provienen de todos los espectros políticos. El Pacto Histórico, el Partido Verde, el Centro Democrático y el Partido Conservador, entre otros, han manifestado que hubo irregularidades, incluso un presunto fraude. Ello ocurre cuando aún no se esclarece el objetivo y el alcance de la reunión de los directivos de Indra, la firma contratada para elaborar el software, con uno de los candidatos.

Razón tiene entonces la Procuraduría en abrirle una investigación al Registrador luego de evaluar más de 400 quejas y denuncias por presuntas irregularidades en la elección de Congreso, dando inicio a 33 actuaciones disciplinarias, entre ellas por la contratación de la empresa de software. Y solicitó a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral, un plan estratégico que le dé garantías al país para la elección presidencial.

El país está entonces ante una preocupante paradoja: si lo ocurrido no fue más que un error de preconteo -culpa de un tarjetón confuso y de miles de jurados inexpertos- el Registrador debe responderle al país por incapaz. Y si hubo fraude, por delincuente. El lío es que en ambos casos, fundado o no, tiende un manto de duda sobre el proceso electoral, no solo del Congreso sino del Presidente, y que debe disiparse por completo.

Lo más probable es que no se trate de un fraude sino de errores involuntarios e irregularidades. Pero no hay que llamarse a engaños: la organización electoral en Colombia, a todo nivel y en todas las regiones, está roída por la corrupción. No tanto por la compra de votos en la calle, un juego de niños comparado con la manipulación de resultados en las registradurías. El Valle, para dar un solo ejemplo, ha sido víctima de la mano negra en dichas entidades.

Es decir, estamos ante un hecho más grave que la simple ineptitud de un funcionario, que tarde o temprano debe ser removido. Si de algo se precia Colombia, sin perjuicio de consabidas anomalías en el sistema electoral, es que realiza elecciones medianamente confiables. Por eso lo sucedido en la justa política del Congreso enciende las alarmas, más estando ad portas de una elección decisiva para el futuro del país y la democracia. Blindar la elección presidencial, incluso del propio Registrador, es una tarea ineludible.

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