Lo que está en discusión

Lo que está en discusión

Octubre 22, 2017 - 06:50 a.m. Por: Francisco José Lloreda Mera

En momento en que se daba por cierto que un personal de la Policía Nacional masacró a siete campesinos e hirió a cincuenta en la zona rural de Tumaco, al punto de quedar esa institución en la picota pública y relevados ipso facto 102 uniformados, se conocen nuevos elementos probatorios que sugieren que los agentes fueron atacados primero y que no eran solamente campesinos con quienes se dio el enfrentamiento armado.

De acuerdo con el Alto Consejero Rafael Pardo, el incidente de hace dos semanas no ocurrió en una zona donde había programas de sustitución voluntaria de cultivos. Es decir, quienes indicaron haber sido agredidos por agentes de la Policía, independiente de quienes fueran, estaban adelantando una actividad ilegal y los agentes del Estado, en principio, cumpliendo la instrucción de erradicar de manera forzosa unos cultivos.

Eso pareciera estar claro. Lo que no está claro es, cómo se dieron los hechos y quienes eran los que fueron -supuestamente- agredidos por la Fuerza Pública. Si fue la Policía Antinarcóticos o la población civil la que inició el enfrentamiento; si todos los civiles eran campesinos -como se le dijo al país- o había integrantes de grupos criminales y si los disidentes eran realmente disidentes o si actuaban en coordinación con las Farc.

Si bien corresponderá a la Fiscalía -y no a un organismo internacional por respetable que sea- determinar qué sucedió realmente en el municipio nariñense, es necesario entender el fondo de lo que está ocurriendo: el enfrentamiento de hace unas semanas es la punta del iceberg de una movilización social, política -y al parecer armada- para proscribir la erradicación forzosa de coca, dejando como única opción, la voluntaria.

Esta semana, para no ir más atrás en el tiempo -pues ejemplos hay muchos-, un grupo de policías fue literalmente secuestrado -otros lo llaman retenidos- por ‘cultivadores de coca’ en el sector de La Espriella al sur de Nariño y un helicóptero del Ejército que transportaba uniformados recibió impactos de bala en el municipio de Barbacoas, en el mismo departamento, cuando se dirigía a desmantelar un laboratorio de cocaína.

Esto ocurre cuando se discute la descriminalización de los pequeños cultivadores que hagan parte del programa de sustitución voluntaria. Eduardo Díaz, quien lo dirige, dijo en julio que habían inscritas 75.924 familias y que podrían llegar a ser 170.000. Si por pequeño cultivador se entiende el que tiene 3,8 hectáreas (las Farc pedirían seis) las hectáreas intocables -mientras se concluye la sustitución- serían entre 288 y 640 mil.

Ahora se anuncia un gran paro nacional para el próximo 23 de octubre en protesta por “la falta de garantías de seguridad para los líderes sociales y las comunidades en los territorios” y el incumplimiento del Gobierno Nacional a los acuerdos de La Habana en lo relacionado a la “sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito” y en contra de lo que algunos de los promotores denominan “la imposición de la erradicación violenta”.

El Gobierno Nacional anunció una serie de medidas que van desde combatir con rigor a los grupos criminales hasta impulsar la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos. Ojalá funcionen. Y ojalá se entienda que el problema es más complejo y estructural: que pasa por el abandono del Estado de grandes extensiones y que lo sucedido en Nariño es parte de una discusión de fondo de la política de drogas y el futuro del país.

Sigue en Twitter @FcoLloreda

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