La minga extorsiva

Ser indígena no le da derecho a nadie a estar por encima de la ley. Lo dice la Constitución Política de Colombia en su artículo 13: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”.

Artículo que no se cumple, pues los indígenas en el país hacen lo que les viene en gana y nada pasa. Bloquean todos los años una de las principales vías del país, y nada pasa. Dejan dos departamentos en riesgo de desabastecimiento de alimentos y combustible, y nada pasa. Causan pérdidas millonarias a agricultores y comerciantes, y nada pasa.

Asesinan en medio de los hechos a integrantes de la Fuerza Pública y nada, nada pasa.

Cuando la Constitución dice que todas las personas gozarán de los mismos derechos sin ninguna discriminación por razones de raza, origen, lengua, religión, debe aplicar por igual a las comunidades indígenas y a quienes no son parte de ellas. Pero no es así: en Colombia se discrimina de manera positiva a quienes se consideran pueblos ancestrales y discrimina de manera negativa a los colombianos que no hacen parte de esa minoría.

Pero como son indígenas, son intocables: ciudadanos de mayor jerarquía, para quienes la ley no aplica o aplica cuando les conviene, y son insaciables en la captura de rentas del Estado. En el Plan Nacional de Desarrollo se incluyó un capítulo especial, Étnico, y se comprometen recursos en los próximos cuatro años por 10 billones de pesos. Y no les sirve, quieren tres billones más. Y quieren ser ellos quienes los ejecutan, claro está.

Tampoco les sirve que esté al frente del diálogo -en medio de los bloqueos ilegales- la Ministra del Interior y el Comisionado de Paz. No, quieren -perdón, exigen- que vaya el presidente Duque. Y claro, que el actual gobierno responda por 223 compromisos del gobierno anterior, y del anterior, y del anterior, hasta el inicio de la República, durante la Colonia y desde la Conquista Española. Esa es su lógica: la famosa deuda histórica.

Nos debemos sentir orgullosos de conservar nuestros pueblos indígenas, en distintas zonas del territorio. Y deben ser apoyados y protegidos, incluso de manera especial, pero en el marco de la ley. Como el resto de colombianos. Lo que no se puede admitir es el uso de la condición de indígena, para burlar la ley, cercenar derechos de terceros, invadir propiedades, y extorsionar de manera sistemática al Estado, año tras año.

Infortunadamente, la práctica de acudir a las vías de hecho ha hecho carrera y se inconó en particular en el anterior gobierno. Se confunde el derecho a la protesta con llevarse por delante los derechos de los demás, y la disposición al diálogo de los gobiernos, con debilidad. Ahí está el resultado: un país de vías de hecho y no de derecho. Y nada pasa. Perdón, sí pasa, salen con los bolsillos llenos, mientras organizan el próximo bloqueo.

Es el ocaso de la institucionalidad y la ley. De un país que hace ingentes esfuerzos por salir adelante, superar la pobreza, poner en cintura a las organizaciones criminales, ser atractivo a la inversión y mostrar una mejor cara a nivel internacional, pero que pierde en lo más elemental: garantizarles a todos los colombianos por igual sus derechos. Y exigirles, por igual -a todos- sus deberes y obligaciones. Empezando por cumplir la ley.

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