La hora de la justicia

El Gobierno Nacional, en cumplimiento de un compromiso del Presidente Duque, acaba de radicar una propuesta de reforma a la justicia, siendo este el décimo intento en los últimos años por reformar el Poder Judicial. Se trata de una iniciativa bastante sensata, resultado en gran medida del conocimiento y experiencia de la ministra del ramo, Gloria María Borrero, quien presidió trece años la Corporación Excelencia para la Justicia.

La iniciativa incluye, entre otros, cinco temas cruciales: pone orden a la tutela, prohíbe informar decisiones judiciales a través de comunicados de prensa cuando aún no hay un fallo, introduce mayores requisitos para ser magistrado de las altas cortes, extiende a cuatro años la inhabilidad de los magistrados para ocupar cargos en la Rama Ejecutiva y litigar en la misma jurisdicción, e impide el bloqueo a la elección del Fiscal. Veamos.
El Gobierno propone que quien presente una tutela tenga legitimidad para hacerlo, es decir, que sea el afectado, que lo haga dentro de un tiempo dada su naturaleza cautelar e inmediata, ante un juez que pertenezca a la jurisdicción y con especialidad del tema y cuando el afectado no disponga de otro medio o para evitar un perjuicio irremediable. Medidas que no limitan la tutela y que son necesarias para evitar más abusos con ella.

Igual de sana es la propuesta de prohibir los comunicados de prensa como medio para informar el sentido de los fallos cuando estos aún no están terminados. No solo porque entre los comunicados y los fallos suelen pasar varios meses, sino porque dejan al país en ascuas y sin saber el alcance real y los fundamentos de las decisiones. Y además se presta para conjeturas sobre ajustes en el camino en razón a la reacción de la opinión.

Uno de los aspectos controversiales es uniformar el período del Fiscal General con el del Presidente y el que en caso de no ser elegido por la Corte Suprema de Justicia en un límite de tiempo, lo haga el Presidente. Ambas propuestas tienen lógica. El Fiscal y el Presidente son las cabezas de la política criminal razón por la cual sus períodos deben coincidir y tiene sentido evitar a futuro nuevos bloqueos en esta y otras designaciones.

Otra propuesta que ha causado discusión es incluir como requisito para ser magistrado de las Altas Cortes el haber sido juez o magistrado un mínimo de cinco años y elevar a veinte los años de experiencia, que sean elegidos por las mismas corporaciones sin intervención de las otras ramas del poder y minimizar la función electoral de aquellas. Decisiones que buscan una mayor independencia y despolitización del Poder Judicial.

Establece además y con razón, una inhabilidad de cuatro años a los magistrados para ser nominados para otra magistratura, Fiscalía o a un cargo similar, litigar ante la misma jurisdicción en la que ejercieron su magistratura, ser nombrados en el Ejecutivo y elegidos a cargos de elección popular. Lástima que las últimas no se extiendan al Fiscal, al Procurador y al Contralor, para evitar que usen los cargos como trampolín político.

Si hay una institución lastimada en su credibilidad es la Justicia, con y sin razón, pues junto a quienes la administran de forma ejemplar, hay quienes lo hacen mal e irregular. Por eso casi todos los gobiernos han procurado reformarla. La iniciativa del actual pone el dedo en la llaga en algunos aspectos críticos que causan roncha pero que necesitan solución. Ojalá esta reforma no termine como las otras, desdibujada o en un archivador.

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