La dictadura de los jueces

Hace unos días un juez de tutela ordenó al Ministerio de Salud exigir de nuevo la prueba PCR para quienes ingresen al país por vía aérea y aunque resulte negativa la misma, a guardar cuarentena de catorce días.
El Ministro del ramo solicitó aclaración del fallo. La repuesta del juez no se hizo esperar: se empecinó en la decisión, llevando al Gobierno a señalar la imposibilidad de cumplimiento del fallo, lo que para algunos es un desacato.

El fallo se origina de una tutela interpuesta por un abogado que consideró violatorio de algunos derechos fundamentales, la suspensión de la prueba a quienes ingresen al país por vía aérea. Seguramente se trata de un genio en salud pública y epidemiología, dado que desestima los análisis y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que advierte sobre la poca efectividad de las pruebas PCR para el ingreso al país.

Había señalado el Ministro que dado que estamos en fase de mitigación de la pandemia y que el nivel de contagio interno es similar al de los países con los que Colombia tiene intercambio por vía aérea, la PCR no hace mayor diferencia en el riesgo de contagio. La decisión de no exigirla se tomó entonces, previa consulta con la OMS y la Asociación Colombiana de Infectología. Pero primó el ‘conocimiento médico’ del tutelante y el juez.

Primó, porque el juez, en vez de no inmiscuirse en asuntos que no son de su experticia ni de su incumbencia y rechazar de plano la tutela, le pareció una maravilla lo señalado por el accionante, y como es ya costumbre en el país, salió a dictar cátedra sobre temas especializados.
Un ejemplo más de abogados -mi desacreditada profesión- que abusan de la tutela, embebidos por la vanidad y el poder omnipresente que hoy día ostentan.

La tutela, el fallo y la aclaración, además de contradecir la política del Gobierno respecto de la pandemia, son paradójicos e irrisorios. Dice textualmente que si la PCR se realiza en un tiempo que excede las 48 horas, al ingresar al país debe confinarse catorce días, pero si se practica en ese lapso de tiempo, no. Y que, aunque la prueba salga negativa, deben guardar cuarentena, incluidos los pocos turistas que lleguen a conocer Colombia.

Dirán algunos que así debe ser porque existe la posibilidad de haberse contagiado y ser asintomático. Válido. Pero, habría que pedirle lo mismo a todos los que están dentro del país y se hacen la prueba y les sale negativa; un círculo indefinido de cuarentenas. Y es inexplicable que la prueba y cuarentena se les exija a los que llegan por vía aérea y no a quienes se las ingenian para ingresar por vía terrestre o marítima; deben ser inmunes.

Si lo anterior fuera poco, llama la atención el raciocinio del abogado y del juez de tutela. Creen que el mayor riesgo de contagio son los viajeros que tienen previsto llegar al país, cuando son las aglomeraciones al interior, propiciadas o acolitadas incluso por alcaldes, que incumplen la prohibición legal de realizar reuniones de más de 50 personas. A estos mandatarios locales nada les pasa, tampoco a los ciudadanos. A ellos nadie los entutela.

Difícil pretender que no se interpongan tutelas aunque sean contrarias al conocimiento científico y las recomendaciones de las autoridades de salud. Lo que el país sí espera, es que los jueces, y en este caso los de tutela, hagan uso de su facultad de discernimiento y actúen conforme a la dignidad de su cargo. Eso implica no arrogarse un conocimiento del que se carece ni usurpar competencias de las otras ramas del poder. El país está harto de la dictadura de los jueces, a todo nivel. Esta es una muestra más de sus excesos.

Sigue en Twitter @FcoLloreda