La consulta

La consulta

Junio 10, 2018 - 06:50 a.m. Por: Francisco José Lloreda Mera

Los colombianos estamos hartos de la corrupción. Por eso se entiende el respaldo que ha tenido la consulta anticorrupción, aprobada por unanimidad en el Senado: 84 votos a favor y ninguno en contra. Lo curioso es que se requiera una consulta que costará 300 mil millones de pesos para que los ciudadanos le den al Congreso la instrucción de aprobar unas medidas que por unanimidad acaban de manifestar estar de acuerdo.

Dirán que es un análisis simplista, pues no es seguro que el Congreso, sin un mandato ciudadano contundente, introduzca unas reformas que afecta sus intereses, y es este un argumento válido. Pero deja al descubierto la médula de la discusión: la mayoría de medidas propuestas existen -aunque algunas admitan mejoras- y otras que no existen pese a ser muy populares no es claro que sean efectivas para combatir la corrupción.

No conceder a condenados por corrupción subrogados penales, prisión domiciliaria o mecanismos sustitutivos de pena, existe (Ley 1474 de 2011). También, la sanción de terminación de los contratos a los condenados por corrupción (Ley 80 de 1993 y 1474 de 2011). Igual sucede con la obligación de utilizar pliegos tipo y la de hacer públicos el patrimonio y los ingresos de los funcionarios (Ley 1882 de 2018, Ley 190 de 1995).

Ahora bien, algunas de las medidas señaladas pueden ser fortalecidas. El condenado por corrupción no tiene por qué estar en un sitio de reclusión especial (instalaciones de las Fuerzas Armadas o casas fiscales), y extender la terminación de los contratos a los condenados y a las personas jurídicas de las que son parte, además de la extinción de dominio al corrupto extensiva a su potencial red de testaferros, son bienvenidas.

No debe suceder igual con otras propuestas. Empecemos por la más atractiva: reducir el salario de los congresistas. Distintos estudios señalan que disminuir el salario de los funcionarios no es efectivo en la lucha contra la corrupción; lo contrario, puede ser un aliciente para buscar otras rentas, más si manejan contratación. Con un agravante, el sector público se pierde de muy buenos profesionales si el salario no es competitivo.

Con la iniciativa de restringir a tres los períodos de los congresistas es similar. Los que tienen una estructura política atada al clientelismo y los contratos, están en mejores condiciones de perpetuarse en el Congreso, en persona o en cuerpo ajeno (a través de familiares o de gente de confianza). En cambio, el país corre el riesgo de privarse de unos buenos congresistas que dependen del voto de opinión, que es poco transferible.

Otra propuesta, popular pero compleja, es el que todos los presupuestos (de la Nación, los Departamentos y los Municipios) se aprueben, partida por partida, desglosadas y priorizadas, en audiencias públicas. Suena lindo pero es ineficiente y no garantiza que no haya corrupción. Cosa distinta es la transparencia en los procesos presupuestales y la rendición de cuentas sobre lo contratado y ejecutado, que hoy día son muy pobres.

Cero tolerancia con la corrupción. Pero es necesario analizar qué es efectivo y qué no para contrarrestarla. ¿Es lógico gastarse un dineral a fin de obtener un mandato para luego regresar al Congreso? ¿No hay un poco de espectáculo en todo esto? ¿No será más práctico y menos costoso que el próximo gobierno lidere un gran acuerdo contra la corrupción, con todo el soporte técnico, y lo presente al Congreso? Lo políticamente correcto es estar a favor de la consulta so pena de ser tildado de corrupto. ¿Es lo serio?

Sigue en Twitter @FcoLloreda

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