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El desacato

La discusión no debe girar en torno del agente de policía que se negó a desalojar a unas familias que invadieron la ribera de un río.

14 de junio de 2020 Por: Francisco José Lloreda Mera

La discusión no debe girar en torno del agente de policía que se negó a desalojar a unas familias que invadieron la ribera de un río y despertó una enorme solidaridad en las redes y entre políticos que relativizan la aplicación de la ley en razón a su conveniencia. La discusión es, si a un policía uniformado, independiente de su nombre, le es permitido desacatar una orden legítima de un superior sustentada además en una orden judicial.

Los desalojos son duros y dolorosos, independiente de que se trate de un inquilino, un vendedor ambulante, o de quien invade un predio para levantar unas paredes hechizas con la ilusión de contar un día con servicios públicos y ser propietario de vivienda. Y en muchos casos, estos procedimientos implican el uso de la fuerza, por lo que requieren la presencia de la personería. Son procedimientos difíciles, que nadie quisiera ordenar.

Pero gobernar implica ese tipo de decisiones, en cumplimiento de la ley. Es lo que hizo el alcalde de Cali. Le corresponde velar por el interés general y evitar las invasiones en predios públicos y privados, incluido por supuesto, la margen del río Pance. Entre otras razones, porque si mañana una creciente se lleva un asentamiento y hay un herido o un muerto, al primero que llaman a responder por negligencia es al alcalde de la ciudad.

Indica Jorge Iván Ospina que con anterioridad se procuró que las familias desalojaran voluntariamente el lugar y no lo hicieron. Es más, no era la primera vez que lo invadían y aprovecharon la soledad de las calles debido a la cuarentena para intentarlo de nuevo, al parecer inducidos por negociantes ilegales de tierra y políticos locales. La Secretaría de Gobierno y la Policía no tenían opción al desalojo; a cumplir y hacer cumplir la ley.

Regresemos al agente de policía convertido en héroe. Si no estaba dispuesto participar del desalojo ha debido manifestarlo previamente a quien estaba al mando, asumiendo que tendría una consecuencia.
Prefirió entregar el arma de dotación y el radioteléfono en pleno operativo y grabar unas palabras sentidas -pero innecesariamente desafiantes con la institución- para justificar el acto. Seguro lo hizo para blindarse, victimizándose.

No todos los que entran a la Policía lo hacen por el mismo motivo o con igual convicción. Pero es voluntario y como ocurre en todas las entidades o empresas donde se acepta un trabajo, existen derechos y obligaciones, y en la institución policial incluye obedecer, observar y ejecutar las órdenes que se imparten. No toda orden, claro: debe ser legítima y relacionada con el servicio o función. Esto fue lo que no hizo el agente en el desalojo.

Más grave aún fue la reacción de algunos congresistas y concejales; escuchar de quienes “hacen las leyes” a nivel nacional y local, que el incumplimiento de estas no importa, es inaceptable. Como lo es argumentar la objeción de conciencia: el día de mañana podría decir el mismo agente u otro uniformado, con idéntica lógica, que no detiene a un ladrón o ayuda a erradicar un cultivo de coca, porque una íntima convicción moral se lo impide.

Ser policía no es fácil, suele ser una labor ingrata por el irrespeto que reciben a diario y porque les corresponde tareas complejas y algunas generan sentimientos encontrados. Pero si decidieron ser policías, deben cumplir la ley y las normas de la institución: si no están dispuestos a hacerlo, nadie los obliga a portar el uniforme. El agente que se negó a cumplir con su deber y una orden judicial debe ser sancionado,
independiente de lo que vociferen las redes sociales. Total respaldo al Alcalde y al Comandante de la Policía.

Sigue en Twitter @FcoLloreda

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