Concertada, no impuesta

La base aérea Marco Fidel Suárez ha sido y es parte de Cali y ojalá lo continúe siendo. Ello dependerá de la posibilidad de compatibilizar el desarrollo de nuestra ciudad con las restricciones de seguridad aérea pertinentes para ese aeródromo. Pero dependerá, ante todo, de la disposición real para construir una solución concertada y no impuesta. El presidente Duque se ha comprometido con que así será. La ciudad debe confiar en él.

En el momento, en virtud de la acción popular interpuesta por el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea, el 62% del suelo urbano y 95 % del área de renovación urbana tienen suspendidas las licencias de construcción ya otorgadas, se limitan los proyectos de más de cuatro pisos (12 metros) en un radio de 4 km alrededor de la pista, y se condicionan las nuevas licencias de construcción, de cualquier tipo, a un concepto previo de la FAC.

Absurdo por varias razones: lapida los proyectos más importantes de renovación, como Ciudad Paraíso y el Corredor Verde e impide la redensificación de la ciudad; la condena a seguirse extendiendo al sur -con los desafíos en servicios y movilidad propios de esta zona- afectando en especial a la clase media y a los más pobres, llamados a tener una mejor calidad de vida en las áreas hoy afectadas por la innecesaria medida judicial.

Y es inaceptable, porque lo sucedido en la práctica no es nada diferente al despojo de la facultad que debe tener la ciudad de decidir su futuro, su desarrollo económico y social. De ahí la preocupación y la posición del Alcalde en los diálogos con el gobierno central. No se trata de una animadversión contra al Gobierno o el Ministro, como pareciera se lo han hecho creer al Presidente. Se trata de hacer entender que es una medida ilógica.

Tampoco se trata de un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas o con la Fuerza Aérea. Los caleños, como la mayoría de los colombianos, sólo tenemos motivos de admiración y gratitud hacia nuestras Fuerzas, sin cuyo sacrificio simplemente este país no existiría o estaría bajo una dictadura guerrillera o paramilitar. Y en el caso de la Escuela Militar de Aviación, aún mayor el afecto. Son 86 años de convivencia que no tiene por qué cesar.

Qué distinto hubiese sido si la Fuerza Aérea, al conocer de unos proyectos de exagerada altura en la cabecera de la pista, hubiese buscado al gobierno local para manifestarle su preocupación y definir juntos unas medidas que le permitan al aeródromo operar bajo condiciones de seguridad y a la ciudad desarrollarse. Esa acción popular sobró: así no se procede contra una ciudad que ha acogido durante ocho décadas a la Escuela Militar.

Hace unos días los Ministros de Defensa y de Vivienda presentaron una propuesta para evitar la afectación de los principales proyectos de renovación y se comprometieron a revisar las restricciones en el radio de 4 kilómetros de la pista. Una muestra del interés del Gobierno Nacional de encontrar una solución y que Cali debe valorar. Es de esperar, sin embargo, que se trate en realidad de una propuesta, revisable, no de una imposición.

Lo triste de todo esto es que se hubiera podido evitar dialogando, sin una acción judicial. Seguramente más temprano que tarde el Comando de Combate No.7 no deberá operar en la base, y algún día se deba trasladar la instrucción aérea de la escuela; ocurrirá, si el desarrollo de la ciudad y estas actividades se vuelven incompatibles, sin perjuicio de analizar con serenidad el futuro de la base aérea en ese lugar. No se trata de escoger, al menos no, por ahora. Se trata sí, de apaciguar los ánimos y, de no imponer y concertar.

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