Con la vara que midas

El artículo 13 de la Constitución Política reza que las personas son iguales ante la ley.  Ese pareciera no ser el caso del excandidato presidencial Gustavo Petro. Dos hechos lo corroboran: la sanción fiscal de una entidad de control que se niega a acatar y el no ser claro sobre el origen y destino de una gran suma de dinero en efectivo que recibió. Esto sucede al tiempo en que él acusa a otros por hechos menos delicados o no probados.

El caso de la Contraloría Distrital se refiere a una sanción por detrimento al patrimonio público de $80.000 millones por el esquema de recolección de basuras que implementó siendo alcalde de Bogotá. Petro dice que es persecución política, pues de acuerdo con la ley, salvo que pague, está inhabilitado para aspirar o posesionarse en un cargo público. La Corte Constitucional ha sido muy clara al respecto, independiente de quien se trate.

El caso del dinero que recibe en efectivo consta en un video revelado hace unos días por la senadora Paloma Valencia, en el que sale Petro con el señor Juan Carlos Montes, quien fue funcionario y contratista de su administración. El exalcalde dice que se trató de un préstamo de $20 millones de Simón Vélez, pero este salió a desmentirlo indicando que nunca le ha prestado dinero al político, quien de nuevo asevera que es una persecución.

Dos meses antes, para citar un ejemplo de las decenas de denuncias que ha realizado, el exalcalde acusaba con vehemencia al ministro Carrasquilla de dejar morir de hambre a los niños en la Guajira por culpa de los ‘Bonos de Agua’ y decía que debía renunciar, y hace unos pocos días se fue lanza en ristre contra el Fiscal, con ocasión del escándalo de Odebrecht, señalando que aquel conocía de la comisión de delitos que no denunció.

Si bien a estas alturas los colombianos tienen su propia opinión sobre el Ministro de Hacienda y el Fiscal General, unos a favor y otros en contra, resulta inaceptable que una persona que aspiró a ser presidente y que se considera el adalid de la moral, desconozca la ley y las instituciones cuando le conviene. Si fuese un contradictor suyo el sancionado o la persona grabada en video contando fajos de billetes cual mafioso, sería implacable.

Es la moral de la mata de mora. De ahí la molestia que ha causado en muchos círculos la reacción del exalcalde frente a la actuación de la entidad de control y el video. Petro es un político muy hábil y buen orador -aunque pésimo ejecutor-; no en vano ha llegado donde está y obtuvo la mayor votación de un candidato de izquierda en la historia del país. Pero esa confianza ciudadana conlleva responsabilidades, entre ellas, acatar la ley.

Eso que debería ser lógico -acatar la ley- no muchos lo entienden -o sí lo entienden, pero no les importa-. Ese pareciera ser el caso de los de la ‘Lista de la Decencia’; se escudan en las instituciones y la ley cuando les conviene y si no, denigran de ella, la desconocen. No ayuda la poca credibilidad en la justicia pues es en ese río revuelto que el exalcalde y otros políticos, de izquierda y derecha, burlan la ley y creen estar por encima de ella.

La Constitución no solo reza que las personas son iguales ante la ley, al menos en teoría. También dice, en su artículo 3, que es deber de los nacionales y extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y acatar a las autoridades. Gustavo Petro tiene derecho a defenderse, y el deber de explicarle al país sus actuaciones y responder por ellas ante las autoridades. Con la vara que midas serás medido, dice un viejo refrán.

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