¿Chambonada?

El informe de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, más que una chambonada, como lo calificó el Alto Consejero para la Estabilización, Emilio Archila, es un acto deliberadamente amañado contra del Gobierno. Pruebas de ello, la información selectiva, los verbos y adjetivos que utiliza y la manera como aborda los temas, además de inmiscuirse en asuntos internos que no le competen. Un irrespeto.

El reporte pretende evaluar hechos de 2019 relacionados con lo divino y lo humano, pues finalmente casi todo cabe en el amplio abanico de los derechos humanos. Pero le dedica especial atención a la implementación del acuerdo de paz con las Farc, la muerte de líderes sociales, el glifosato y, como era de esperar, la protesta social. Y ligado a esta, pontifica sobre seguridad ciudadana, la Policía Nacional y la organización del Estado.

Aparte de “saludar” unas acciones (término que utiliza el informe al referirse a logros del Gobierno) cuestiona todo: los planes de desarrollo en las zonas de mayor violencia (Pdet), las objeciones a la JEP y la seguridad de los excombatientes. Olvida que al inicio del actual mandato había dos Pdet funcionando y ya hay 16, que la objeción de las leyes es una facultad constitucional, y que hay más de 34 medidas de seguridad en marcha.

Como era de esperar, exalta a la JEP. Dice que logró “avances fundamentales en los casos de graves violaciones a los derechos humanos”. ¿Cuáles? Ni idea. Luego de tres años no ha proferido la primera sentencia condenatoria contra un guerrillero. Y al mencionar el regreso de muchos al monte -incluidos dos del equipo negociador- por ninguna parte dice o insinúa siquiera, que se trató de un incumplimiento grave del acuerdo de paz.

Cuestiona también la aspersión aérea de glifosato, incluso bajo los lineamientos de la Corte Constitucional. Y ni una palabra contra el narcotráfico. No reconoce siquiera que a la par de verdaderos líderes sociales vilmente asesinados (muchos del programa de sustitución de cultivos ilícitos) hay otros que no lo eran y se dedicaban a delinquir. No se justifica la justicia por mano propia, pero para Naciones Unidas todos eran ángeles.

Sobre las protestas del año pasado, minimiza el vandalismo. Los derechos humanos de quienes fueron víctimas de los delincuentes y desadaptados, no valen. Eso sí, se ensaña contra el Esmad. Dice que carece de protocolos y que no se investiga como corresponde a quienes abusan, lo cual es falso. E insta a que se inicie una profunda transformación del Esmad y se transfiera la supervisión de la Policía Nacional al Ministerio del Interior.

Una cosa es que el informe sea sesgado, que no debe sorprender pues desde hace años varias dependencias y funcionarios de Naciones Unidas actúan en un marco ideológico. Otra muy distinta es opinar sobre asuntos soberanos del país. Basta leer este informe, preparado por Alberto Brunori, el representante en Colombia, y avalado desde Ginebra por Michelle Bachelete en un acto de ventriloquismo, para constatar la extralimitación.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, proclamada en 1948, y sus desarrollos posteriores, son una de las grandes conquistas de la humanidad. Sobre su promoción, respeto y defensa, no debería existir discusión. Pero la hay porque ha sido hábilmente cooptada y manipulada por la izquierda. Y qué mejor que apelar a sus postulados para cuestionar gobiernos con ideología distinta. Lástima por Naciones Unidas: pudiendo hacer algo serio optó por la liviandad y opinar sobre lo que no le toca.

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