Asfixia

Se anuncia otra reforma tributaria, esta vez para tapar el hueco que dejará la pandemia. De acuerdo con el diario Portafolio se requerirán 20 billones de pesos más en el 2022. Una discusión inexorable que deberá darse el próximo año, pero no de manera aislada. Salvo pocas excepciones, todos los sectores económicos están reventados; necesitan un respiro de por lo menos una vigencia fiscal adicional con las actuales reglas del juego.

Ya inicia el sonajero de medidas, las de siempre, para clavar a los mismos: incrementar el impuesto de renta a las empresas, eliminar las devoluciones del IVA a los bienes de capital importados, otro impuesto al patrimonio, y gravar aún más los salarios altos. Ahí se agota la imaginación de más de un gurú que pontifica desde la teoría. La macro, pues la micro pocos la conocen; si la conocieran sabrían lo difícil que es hacer empresa.

Sabrían que las empresas tardarán en recuperarse y que muchas no lo lograrán, que la capacidad fiscal de los contribuyentes no será la misma durante varios años; que la renta presuntiva es un adefesio, que una cosa es tener patrimonio y otra liquidez, que si aprietan a las empresas que están sobreaguando las van a acabar, impactando toda la cadena, y que por más que graven los salarios altos, las cuentas simplemente no dan.

Y no darán, salvo se entienda que una golondrina no hace verano. Una tributaria aislada no nos saca del atolladero, nos entierra aún más. La sostenibilidad fiscal y el crecimiento económico depende de un sector privado robusto. Por eso, debe ir acompañada de una reingeniería laboral que facilite la creación de empresa y el empleo formal, y no darle más largas a la reforma pensional a la cual los gobiernos anteriores le hicieron el quite.

Llama la atención y preocupa, en la discusión, el poco peso que se le da al gasto público. Es cierto que hay inflexibilidades, pero se confunden los compromisos presupuestales inexorables, como el servicio de la deuda y la carga pensional, con gastos, sectores y entidades “intocables”. Eso sucede a nivel nacional, departamental y municipal. Se han creado feudos, con gastos blindados, y plantear su reducción es peor que una herejía.

El gasto de funcionamiento a nivel nacional es de $172 billones, la deuda pública $59 billones, y la inversión $40 billones. La Procuraduría, Contraloría y Fiscalía cuestan $5,2 billones, la Rama Judicial $4,7 billones, el Inpec $1,2 billones, el Congreso $623 mil millones, la JEP $316 mil millones, y la Presidencia $222 mil millones. Son ejemplos del orden nacional. ¿Mucho pedir una reducción significativa del gasto de funcionamiento?

Hay de donde cortar para optimizar el gasto y en todos los niveles. Lo que no ha habido es voluntad. Por eso revientan la cuerda por donde es más débil, por el sector privado. Como es políticamente atractivo darles duro a los empresarios, se olvida que la mayoría son dueños de pequeños y medianos negocios o trabajadores independientes, hechos a pulso; que son ellos los que generan empleo formal y riqueza, los que pagan impuestos.

No han sido fáciles estos meses por cuenta de la pandemia y la crisis económica, que no parecen diluirse. El Gobierno ha hecho lo que está a su alcance para que la economía no se desbarate y ha estirado el caucho, pero nada será suficiente. De ahí la importancia de darle tiempo al sector privado a recuperarse. La solución no es una tributaria aislada; se necesitan reformas estructurales y una cirugía radical al gasto público. Si esto no se entiende, la asfixia del Covid-19 será un pálido reflejo de la que le espera a la economía.

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