Al toro por los cuernos
Ojalá el caso de Odebrecht se esclarezca y se establezcan responsabilidades. Pero seamos francos: no es la primera vez que pasa y no creo que ninguna de las campañas de 2014 esté libre de pecado.
La financiación subrepticia de la campaña presidencial de 2014 por parte de Odebrecht, es irrefutable. Las investigaciones que adelanta la Fiscalía, las grabaciones que a cuenta gotas empiezan a revelarse a través de los medios, y los testimonios incriminatorios de quienes tuvieron conocimiento o participaron en los hechos, no dejan ningún margen de duda, aunque corresponda a la Justicia precisar lo ocurrido y las responsabilidades.
Deben sin embargo diferenciarse varias cosas. Una cosa es la financiación no reportada, otra, si se recibió el dinero de una manera consciente a cambio de una contraprestación, si estando en el Gobierno se procedió de manera irregular para favorecer a la empresa, o si funcionarios recibieron dinero adicional al de la campaña para sesgar una decisión, y quiénes en la campaña y luego en el Gobierno consintieron o realizaron el entuerto.
La financiación no reportada en las campañas no es nueva. Ocurre bien porque los topes son bajos o es la manera de ocultar compromisos o prácticas corruptas como la compra de votos, pues anula la transparencia en los aportes y los gastos y los intereses que hay detrás. Pero es noticia cuando entra ‘en desgracia’ una campaña, al dejar cabos sueltos, y todos le caen encima, empezando por quienes hacen lo mismo. Un fariseísmo total.
Es natural, además, que quien aporta dinero a una campaña tenga un interés, pero hay distintos tipos de interés. Unos lo hacen porque comparten genuinamente unos valores y una manera de pensar, y eso está muy bien. Otros, para ganar acceso a quien financia. Y hay quienes contribuyen con un interés económico, y entre estos, quienes lo hacen siendo respetuosos de la ley, y quienes esperan un favorecimiento de manera irregular.
Y por supuesto que, si un funcionario con poder de decisión en un asunto recibe dinero y termina siendo beneficiado quien le pagó, la conclusión lógica es que lo hizo a cambio de la dádiva; típico delito de cohecho. Pero, si actuó independiente o si sus superiores estaban enterados, o si participaron del torcido, corresponde a la Justicia determinarlo. Existe el delito de concierto para delinquir, pero la responsabilidad penal es individual.
Estas prácticas grises tienen solución. Independiente de si los topes son adecuados o si deben eliminarse, la única manera de ponerle fin a esta práctica es sancionar al que más le duele: al candidato. Si no se reportan como deben los ingresos y los gastos, o reciben dineros ilícitos, quien debe responder es él, mucho antes que el resto. Y de ganar, anular su elección. Nada ocurre a espaldas de un candidato, y menos un ingreso grande de dinero.
Y quien dona recursos a una campaña, de participar luego en un proceso contractual bajo la órbita del beneficiado, debería, por ética personal y transparencia, ser sometido a un escrutinio mayor; con más ojos encima y en ciertos casos, con entidades de control. Un filtro más riguroso en la contratación con el Estado por haber sido financiador sería un desincentivo a aportar dinero con la expectativa de recibir luego un favorecimiento.
Ojalá el caso de Odebrecht se esclarezca y se establezcan responsabilidades. Pero seamos francos: no es la primera vez que pasa y no creo que ninguna de las campañas de 2014 esté libre de pecado. El problema es que continuará la doble contabilidad, los acuerdos oscuros con ciertos aportantes y los fajos de dinero en efectivo, si no se toma el toro por los cuernos. Y la manera de hacerlo es desincentivando los aportes con fines corruptos, y que los candidatos sean los primeros respondientes de lo que pasa en sus campañas.
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