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Al toro por los cuernos

Ojalá el caso de Odebrecht se esclarezca y se establezcan responsabilidades. Pero seamos francos: no es la primera vez que pasa y no creo que ninguna de las campañas de 2014 esté libre de pecado.

7 de marzo de 2021 Por: Vicky Perea García

La financiación subrepticia de la campaña presidencial de 2014 por parte de Odebrecht, es irrefutable. Las investigaciones que adelanta la Fiscalía, las grabaciones que a cuenta gotas empiezan a revelarse a través de los medios, y los testimonios incriminatorios de quienes tuvieron conocimiento o participaron en los hechos, no dejan ningún margen de duda, aunque corresponda a la Justicia precisar lo ocurrido y las responsabilidades.

Deben sin embargo diferenciarse varias cosas. Una cosa es la financiación no reportada, otra, si se recibió el dinero de una manera consciente a cambio de una contraprestación, si estando en el Gobierno se procedió de manera irregular para favorecer a la empresa, o si funcionarios recibieron dinero adicional al de la campaña para sesgar una decisión, y quiénes en la campaña y luego en el Gobierno consintieron o realizaron el entuerto.

La financiación no reportada en las campañas no es nueva. Ocurre bien porque los topes son bajos o es la manera de ocultar compromisos o prácticas corruptas como la compra de votos, pues anula la transparencia en los aportes y los gastos y los intereses que hay detrás. Pero es noticia cuando entra ‘en desgracia’ una campaña, al dejar cabos sueltos, y todos le caen encima, empezando por quienes hacen lo mismo. Un fariseísmo total.

Es natural, además, que quien aporta dinero a una campaña tenga un interés, pero hay distintos tipos de interés. Unos lo hacen porque comparten genuinamente unos valores y una manera de pensar, y eso está muy bien. Otros, para ganar acceso a quien financia. Y hay quienes contribuyen con un interés económico, y entre estos, quienes lo hacen siendo respetuosos de la ley, y quienes esperan un favorecimiento de manera irregular.

Y por supuesto que, si un funcionario con poder de decisión en un asunto recibe dinero y termina siendo beneficiado quien le pagó, la conclusión lógica es que lo hizo a cambio de la dádiva; típico delito de cohecho. Pero, si actuó independiente o si sus superiores estaban enterados, o si participaron del torcido, corresponde a la Justicia determinarlo. Existe el delito de concierto para delinquir, pero la responsabilidad penal es individual.

Estas prácticas grises tienen solución. Independiente de si los topes son adecuados o si deben eliminarse, la única manera de ponerle fin a esta práctica es sancionar al que más le duele: al candidato. Si no se reportan como deben los ingresos y los gastos, o reciben dineros ilícitos, quien debe responder es él, mucho antes que el resto. Y de ganar, anular su elección. Nada ocurre a espaldas de un candidato, y menos un ingreso grande de dinero.

Y quien dona recursos a una campaña, de participar luego en un proceso contractual bajo la órbita del beneficiado, debería, por ética personal y transparencia, ser sometido a un escrutinio mayor; con más ojos encima y en ciertos casos, con entidades de control. Un filtro más riguroso en la contratación con el Estado por haber sido financiador sería un desincentivo a aportar dinero con la expectativa de recibir luego un favorecimiento.

Ojalá el caso de Odebrecht se esclarezca y se establezcan responsabilidades. Pero seamos francos: no es la primera vez que pasa y no creo que ninguna de las campañas de 2014 esté libre de pecado. El problema es que continuará la doble contabilidad, los acuerdos oscuros con ciertos aportantes y los fajos de dinero en efectivo, si no se toma el toro por los cuernos. Y la manera de hacerlo es desincentivando los aportes con fines corruptos, y que los candidatos sean los primeros respondientes de lo que pasa en sus campañas.

Sigue en Twitter @FcoLloreda

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