A barajar de nuevo

Hay algo roto en la relación entre las entidades territoriales y el nivel central. Algo no funciona y se expresa en malestar y en protestas regionales convertidas algunas en un medio efectivo para que le den atención a ese país que está más allá de Bogotá, y que explica en parte por qué los ministros se la pasan entre un avión apagando incendios provocados por el gobierno o conflagraciones que en teoría son del resorte territorial.

Lo que se rompió fue la sociedad que creó la Constitución de 1991 entre las regiones y la Nación sustentada en la participación de aquellas en un porcentaje de los Ingresos Corrientes de la Nación, ICN. Se entendía que es en las entidades territoriales donde se genera la riqueza nacional y por ende, que la Nación y las regiones debían ser socias en el desarrollo; que la Nación no era la dueña de esos ingresos sino su administradora.

En 2001, a raíz de la difícil situación fiscal por la que atravesaba la Nación, se hizo una excepción: por seis años esa participación no estuvo ligada a un porcentaje de los ICN -como se acordó en la Constituyente- sino, a la inflación más unos puntos adicionales, con la condición de que en 2007 se retomaría el principio constitucional y los recursos a ‘transferir’ partirían del porcentaje en que habían quedado en 2001, es decir, 39%.

Eso no ocurrió. Para ese momento la proporción que estaban recibiendo las regiones era 30% y el Gobierno Central no quiso reconocerle a las regiones el 9% de diferencia que éstas le cedieron de buena fe. Fruto de esa decisión, la participación regional en esa sociedad siguió cayendo, hasta alcanzar 28% en 2016. En eso está quedando la descentralización fiscal, luego que las ‘transferencias’ alcanzaran un 46% en 1998.

Es así que las participaciones pasaron de representar el 4,3% del PIB en 2010 al 3,7% en 2015 diferencia que la Nación ha procurado compensar recientemente con regalías y con programas nacionales, algunos bien estructurados y otros de precaria ejecución. Es decir, con recursos que no eran suyos -regalías- y con más centralismo. Mientras le echa mano a las rentas más jugosas y estables, lo que le permite endeudarse aún más.

Este año vence la segunda transición. Correspondería volver al principio establecido en la Constitución de 1991 y que la participación de las regiones en los ingresos de la nación vuelvan a ser un porcentaje importante, y no la inflación -más unas dádivas-. Pero lo más probable es que se le haga conejo de nuevo a las regiones y se extienda la transición -que completa 16 años- o se liquide del todo lo que queda de esa ‘sociedad’.

Quizá se pase por alto que el tema es de fondo: que los colombianos están hartos, por no decir, hastiados, del centralismo. Los gobernadores y alcaldes tienen cada cual más de 200 competencias y reciben cada día mayores responsabilidades, sin los recursos suficientes para atenderlas, y las necesidades de sus regiones son crecientes. Por eso frente a muchos líos no tienen otra opción a cruzarse de brazos y llamar a un ministro.

Ese es el modelo de descentralización al que llegamos: los ministros viajan hacia las regiones a apagar incendios, y los gobernadores y alcaldes hacia Bogotá a pedir plata. Eso tiene que cambiar, no aguanta; se revienta como ya se empieza a reventar. Es hora de recomponer la relación rota entre la Nación y las regiones, y esa tarea empieza por las competencias y los recursos. Barajar de nuevo. Lo exige la ley y lo necesita el país.