Riqueza minero-energética

Mayo 07, 2016 - 12:00 a.m. Por: Fernando Cepeda Ulloa

¿Está condenada Colombia a olvidarse de su inmensa riqueza minera y de sus recursos petroleros? ¿Tienen ventaja las organizaciones criminales para realizar la explotación minera? ¿Existe un buen manejo del inmenso tesoro de las regalías o ha sido otra oportunidad para el despilfarro y el latrocinio? ¿Existe una institucionalidad nacional y territorial capaz de lidiar con estos desafíos, conforme a las mejores prácticas? El Consejo para la Investigación en Ciencias Sociales y la Fundación Ford promovieron un Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (Gdian) integrado por numerosas personas de muy diversa formación: académicos, exfuncionarios y hasta sacerdotes como Francisco de Roux. Una iniciativa que orientó Myriam Méndez-Montalvo, quien fuera la representante de la Fundación Ford para la Región Andina y el Cono Sur. Luego de dos años de conversaciones y de lo que denominan una deliberación informada, ‘con vocación de incidencia pública’, construyeron un informe, ‘Propuestas para una Visión Compartida sobre la Minería en Colombia’, para propiciar un consenso nacional. Es un texto claro, coherente, sesudo y bellamente editado. Por fin contamos con un documento de esta naturaleza, que debiera estar alimentando la elaboración de una política pública que evite las reiteradas controversias, como la que ocurrió hace poco sobre una licencia ambiental que afectaba el Parque Nacional de La Macarena y Caño Cristales. El informe propone una minería incluyente, resiliente y competitiva, y define cinco tipos: formal; ancestral y artesanal; informal; ilegal; y criminal. Trata con especial cuidado temas como el derecho a la consulta libre, previa e informada, a las diversas formas de participación ciudadana, al manejo tributario de esta actividad económica y al sistema general de regalías. Propone la creación de una Agencia Especializada en el Diálogo Intercultural, que propicie la participación ciudadana y los procesos de consulta y coordine las instituciones que deben involucrarse en estos procesos. Y claro, señala los estándares internacionales, alude a las ‘buenas prácticas’ y llama la atención sobre la conveniencia de utilizar mecanismos que, como el proceso Eiti (Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, por su sigla en Inglés), se ocupa de ofrecer procedimientos para asegurar la transparencia en las informaciones relativas a recursos mineros y de hidrocarburos. Lo propio hace El Consejo Internacional de Minería y Metales (Icmm) que establece los estándares que voluntariamente se han comprometido a adoptar las principales empresas del sector. Dos instituciones que pueden ayudar a la puesta en marcha de las mejores prácticas.No sobra recoger los datos que trae una nota de pie de página que se refiere al decreto 1243 de 2012, según el cual el presupuesto bianual 2015-2016 para el Sistema General de Regalías, será de 18,2 billones de pesos. Y esa cifra se refiere solamente a las regalías. Aunque expertos reconocidos como el exministro Manuel Rodríguez no formaron parte de la comisión, el tema se trata con especial cuidado y se llega a plantear que Colombia, no obstante contar con una legislación ambiental general, debe desarrollar ‘normas específicas para el sector minero’, coherentes con buenas prácticas internacionales. Informes como éste deberían promoverse para otros temas que por décadas no han encontrado una respuesta estructurada.

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