Revocatoria

Revocatoria

Febrero 15, 2014 - 12:00 a.m. Por: Fernando Cepeda Ulloa

El calvario de la revocatoria del alcalde Petro tiene un nuevo ingrediente: la fecha de la votación la cambia el Ministerio de Hacienda y no la autoridad electoral. No recuerdo una situación de tanta envergadura que haya generado tan poco interés en los partidos. Es que ni siquiera se vislumbran candidatos para lo que llaman el segundo cargo más importante de Colombia. Es bien probable que los ciudadanos no sepan que la revocatoria del mandato de Alcaldes y Gobernadores está ligada a la noción del voto programático. Ellos son mandatarios en el sentido estricto. Es decir, reciben un mandato ciudadano para realizar un programa, a tal punto que si prospera una revocatoria, su reemplazo tiene que cumplirlo. En otros términos, se elige un programa y se revoca al mandatario porque lo incumple o no tiene la capacidad de llevarlo a cabo. Por esta razón, el Artículo 69 de la Ley 134 de 1994 estableció: “únicamente podrán sufragar quienes lo hayan hecho en la jornada en la cual se eligió al respectivo gobernador o alcalde”. La lógica de esta decisión la explicó la Corte Constitucional: “solo quien confiere un mandato está facultado para revocarlo, pues quien nada otorga nada puede revocar”. Así lo planteé al cerrar una presentación en el Foro de Anif-Fedesarrollo. Muchos se sorprendieron. El doctor Santiago Montenegro, quien escuchó el planteamiento, hizo consultas con abogados que le enviaron una jurisprudencia de la Corte Constitucional en la cual dice con toda claridad que modifica su posición anterior con argumentos que llaman la atención sobre la filosofía del ordenamiento constitucional y el derecho y el deber del ciudadano a votar. Por mi lado había encontrado un reforma a la ley aprobada en 2002, la Ley 741 que suprimía este requisito. Sobra decir que envié al doctor Sergio Clavijo de Anif la solicitud para que difundiera entre los participantes en el foro esta rectificación. Lo propio hice con Santiago Montenegro. Ahora estoy tratando de verificar qué tanta difusión se le dio a esa reforma. Qué tanto se debatió públicamente un tema del mayor interés. Hay argumentos fuertes en favor de cada una de las tesis. Esa es una de las características esenciales del proceso democrático, y hay temas importantes que pasan desapercibidos. Un caso fue el de la anunciada ley estatutaria que reformaría la prohibición de celebrar referendos y actos electorales en forma simultánea para hacer posible lo que se llamo un referéndum por la paz. Desde el primer proyecto era claro que se trata de más de un referéndum, pero solo un editorial de El País lo planteó así. Finalmente se aprobó una reforma que autorizó varios referendos “con ocasión de un Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado", que habla de “los referendos constitucionales que sean necesarios para la implementación de un Acuerdo Final...”. Me pregunto cuántos colombianos tuvieron claridad sobre la primera propuesta y sobre el texto aprobado. Recuerdo el Acto Legislativo 1 de 2011 que estableció que “(...) el régimen de conflicto de intereses no tendrá aplicación cuando los Congresistas participen en el debate y votación de proyectos de Actos legislativos”. En este caso el rastreo de la prensa no mostró que esta iniciativa, responsable del hundimiento de la reforma de la justicia, hubiera sido debatida públicamente. Tiempo después fue declarada inconstitucional, pero ya el daño estaba hecho. La democracia sufre si el debate público se queda corto en materias fundamentales.

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