Revisión necesaria

Revisión necesaria

Febrero 08, 2014 - 12:00 a.m. Por: Fernando Cepeda Ulloa

Pronto, el esquema de descentralización cumplirá un cuarto de siglo. Hora de realizar un balance y proponer los ajustes que sean aconsejables. La tarea debería provenir de las regiones, y de las Asociaciones que representan a gobernadores y de alcaldes. El Gobierno Central debería hacer lo propio. Un ejercicio bien necesario en la medida en que en la construcción de la paz el tema municipal y regional es de la esencia pues el gobierno sostiene que la paz se hace en las regiones o no existe. Tres acontecimientos todavía frescos en los recuerdos de los colombianos -¡tan desmemoriados!- revelan un desarreglo en las relaciones centro-regiones-municipalidades. La crisis en el Catatumbo, el Paro Agrario y la crisis de Bogotá, por la respuesta de Petro a la destitución e inhabilidad y por los escándalos de corrupción que caracterizaron la gestión de Moreno Rojas. Cada uno de ellos puso en evidencia falencias notorias en los gobiernos descentralizados, desafíos que desbordaron la legalidad y situaciones preocupantes. Es legítimo preguntarse si hemos aprendido alguna lección de estas duras experiencias. No parece. El 10 de febrero, Anif publicó el informe “¿Ha funcionado la Descentralización Político -Fiscal en Colombia?”. La conclusión es contundente: no existen controles, “las veedurías locales no han funcionado”. Y añade: “Es de la mayor importancia que los mandatarios regionales sientan que enfrentan controles efectivos por parte de las autoridades del caso”. Dicho de otra manera, hay gobiernos territoriales que están sueltos. Sabemos del mediocre papel de las Asambleas y Concejos, de la precariedad de las contralorías, personerías, veedurías y de la inexistencia de una sociedad civil organizada o de su restringido papel. Así las cosas, la conclusión del informe era de esperarse. Las administraciones regionales y municipales responden a un Estado cuasifederal, lo cual podría ser positivo para los anhelos de descentralización. Pero, y esta es la mala noticia, “ese creciente gasto territorial se ha visto acompañado de mayor corrupción y deficiente aplicación de sus recursos, con muy contadas excepciones. Tristemente, esas excepciones no han estado en las principales ciudades, pues son bien conocidos los ciclos de profunda corrupción e ineficiencia que se ha vivido en ellas desde que acentuó la descentralización municipal a partir de 1988”. “Profunda corrupción e ineficiencia”. Y, ¿cómo puede existir gobernabilidad democrática así? ¿Cómo pueden lograrse progreso y equidad en esas circunstancias? Hay diagnósticos mucho más duros como los de Luis Jorge Garay en su libro Redes Criminales o el de Jorge Giraldo y otros de la Universidad Eafit en los libros Economía Criminal en Antioquia: Narcotráfico (2011) y Economía Criminal y Poder Político (2013). Ellos van más allá de la profunda corrupción y la ineficiencia para describir la captura de gobiernos territoriales por alianzas político-criminales. ¿Descentralización sin controles? ¿Con corrupción e ineficiencia? ¿Descentralización penetrada o capturada por clanes político-criminales? Se trata de un debate sobre la devolución del poder del centro a las regiones en un país con un factor criminal de dimensiones tan alarmantes como Colombia. Algo que, tal vez, no estuvo en la mente de los miembros de la Asamblea Constituyente. Sin duda, hay que repensar la descentralización.

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