Reforma política

Llevamos décadas tratando de encontrar la fórmula que haga del nuestro un sistema político eficaz, representativo, decente.

Remontémonos a la constitución del 91. Allí se introdujeron reformas sustanciales: la elección popular de gobernadores, la doble vuelta para la elección presidencial; la vicepresidencia; la circunscripción nacional para la elección de senadores; la eliminación de los suplentes; la pérdida de investidura y la eliminación de la inmunidad parlamentaria; el fuero de los congresistas ante la Corte Suprema y, claro está, múltiples fórmulas de participación: plebiscito, referendo (varias formas), consulta popular, cabildos abiertos, etc.

Bien pronto el Congreso inició una contrarreforma. Y la primera Corte Constitucional, infortunadamente avaló una reglamentación muy restrictiva de los novedosos mecanismos de participación.

Más adelante se introdujeron reformas para reducir la increíble proliferación de partidos y movimientos. Se introdujeron además algunas normas para disciplinar el comportamiento de los partidos. Innovaciones en el sistema electoral y en la financiación de campañas. En general, no contribuyeron al mejoramiento de la vida política. Su calidad decayó notoriamente.

Y aquí estamos otra vez con una Misión Electoral, con propuestas recientes y con algunos proyectos de reforma que ya avanzan en el Congreso, como las dos vueltas para la elección de alcaldes y gobernadores.

¿Alguna explicación para el fracaso de tantas iniciativas? En buena parte, la ausencia de estudios serios sobre lo que ha venido ocurriendo y lo que podría ocurrir con las reformas. En eso tiene toda la razón Eduardo Posada Carbó en su columna en El Tiempo, de Febrero 17 del 2017. Es bien sabido, así lo dice la literatura sobre el tema, que no hay nada más difícil que introducir cambios en el funcionamiento del proceso electoral. Modificar tradiciones y procedimientos de la política es tarea bien compleja. Aún cuando se acierta, los políticos tienen –quién lo creyera- la capacidad de torcer el propósito de las nuevas recetas y acomodarlas a sus propios intereses. Aquí y en Cafarnaún.

Hoy la combinación de la lista abierta y la cada día más nefasta y costosa financiación de las campañas, ha dado lugar al surgimiento de lo que el expresidente Gaviria denomina el “político-contratista”. Así se ha desfigurado el proceso de contratación y, también, se ha desatado una ola de corrupción que hoy genera indignación y repudio en la ciudadanía.

Hacer bien la reforma es lo que se espera. Y la más importante es la que debe introducir la financiación estatal total de todas las campañas y el establecimiento de la lista cerrada. Lo demás no es tan urgente, así sea interesante.

Entonces, la vida política recuperaría dignidad; la contratación pública se haría por la vía de la competencia abierta y transparente.
Los políticos colombianos tienen que ser honestos y, además, parecerlo. Si las reformas que se proponen logran eso, están muy bienvenidas. Solo estas dos reformas, la de la financiación estatal total de todas las campañas y la del establecimiento de listas cerradas para la elección de miembros de corporaciones públicas, ayudarían a hacer el milagro.

Fue una propuesta acertada del fiscal Martínez Neira, en el Congreso de Infraestructura en noviembre de 2015, cuando tan solo era un ciudadano.

Es curioso, y deplorable, que cuando se trata de reformas políticas, no haya ni dinero para estudiarlas ni tiempo para reflexionar alrededor de ellas.