¿Reforma fundamental?

¿Reforma fundamental?

Junio 13, 2015 - 12:00 a.m. Por: Fernando Cepeda Ulloa

Inusitado. La Comisión de Mediación que hizo la conciliación de los textos de la Reforma Constitucional, aprobados en Senado y Cámara, le dio prevalencia a los de la Cámara. Lo normal es que predominen los del Senado o que haya una suerte de equilibrio. No fue así. En todos los casos se le dio preferencia a la Cámara. Muy revelador, se supone que el Senado es la experiencia, tiene mayor sabiduría. Valdría la pena un estudio al respecto.La reforma abarca temáticas que desbordan la idea que la ciudadanía tiene de la misma. Nunca se presentó en su real dimensión. Afecta, en algunos casos significativamente, los siguientes asuntos: 1. Composición del Congreso; 2. Inhabilidades e incompatibilidades de funcionarios y magistrados; 3. Prohibición de la reelección, excepto en el Congreso, Asambleas y Concejos; 4. El juzgamiento de altos funcionarios; 5. El mecanismo de nombramiento de magistrados y los requisitos, (excepto de la Corte Constitucional); 6. La administración de la Rama Judicial y del Poder Disciplinario en este sector; 7. Aspectos del Sistema Electoral; 8. Nombramiento del Contralor General y de los Contralores territoriales; 9. La autonomía del Defensor del Pueblo.Hubo tantas idas y venidas que fue difícil hacer seguimiento del proceso reformista. La durísima crítica de los presidentes de las Cortes (con excepción del de la Constitucional) y del Fiscal, dejaron enorme preocupación, enorme escepticismo sobre la real eficacia de la reforma y su viabilidad constitucional.No obstante su tamaño y alcance, se puede afirmar que no tocó los problemas más graves de la República. En concreto, no respondió a los requerimientos en materia de gobernabilidad democrática, formulados por la Ocde. No contempla los ‘preacuerdos’ de La Habana. Es más, el exministro de la Presidencia, en entrevista de junio 9, dijo, hablando como analista, que “la Constituyente será inevitable” para implementar los acuerdos de La Habana. En otras palabras, lo que se está conversando en La Habana requiere el máximo mecanismo de reforma constitucional y no el procedimiento ordinario, que es el que acaba de culminar y que se publica en la Gaceta del Congreso No. 397 del 10 de junio. Tampoco se trata el gravísimo tema de una gobernabilidad democrática transparente en municipios y departamentos. El dramático diagnóstico que hizo recientemente en la revista Semana, Juan Martín Caicedo, presidente Ejecutivo de la Cámara de Infraestructura, sobre cómo en las regiones se había corrompido la contratación, al estilo de lo ocurrido en Bogotá, pasó inadvertido. Se trata, como lo han descrito ya varios autores, de la activa presencia del crimen organizado, con o sin violencia, en la vida de departamentos y municipios. No es problema menor, mucho menos en el Pacífico, en la frontera sur y en la extensa con Venezuela.O sea, el tema de la debilidad del Gobierno y de la sociedad civil, que viene afectándonos por décadas, no fue objeto principal de la reforma. Es problema que no podemos seguir eludiendo. Que es vital si no hay un acuerdo de terminación del conflicto; lo es mayormente si, en buena hora, se llega a ese acuerdo. Todo parece indicar, no obstante el contundente planteamiento de la Comisión Interinstitucional de la Justicia, que el procedimiento y el contenido del trabajo legislativo estuvieron ajustados a las exigencias constitucionales. La Corte Constitucional dirá la última palabra. Ojalá no se reedite el descalabro de la reforma de 2012.

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