Primero de junio

Fecha clave en Colombia y muchos países. Cuando se anunciará quiénes sobornaron a quién en diferentes agencias gubernamentales. Es compromiso de Brasil y del Ministerio de Justicia estadounidense.

Interesante. Que la corrupción en Colombia, Perú o Venezuela y otros países sea revelada por autoridades extranjeras tiene enorme significado. Indica la incapacidad de nuestras instituciones para prevenir comportamientos corruptos. Peor aún. La imposibilidad de registrarlos cuando han ocurrido. No importa el tamaño notorio de algunos sobornos. Más de 6,5 millones de dólares en el caso del viceministro. Y otras cifras. Otros escenarios. Principalmente campañas electorales porque abren el camino para que tenga efecto el quid pro quo, el do ut des, o sea el intercambio corrupto, el ‘doy para que me des’.

En esencia, el mecanismo que permite que las políticas públicas se distorsionen, se desvíen de su noble objetivo y en lugar de beneficiar a la comunidad, de ayudar al bienestar de los más vulnerables, sirvan para satisfacer anhelos extravagantes de enriquecimiento que se traducen en apartamentos lujosos, yates, automóviles, y francachelas. ¡Que horror!

Esa información que dará lugar a sorpresas, asombro e indignación, debería servir para indispensable reflexión que nos ayudara a evaluar por qué nuestras herramientas de lucha contra la corrupción fueron ineficaces. Ni antes de los actos de corrupción ni durante su ocurrencia y, peor, años después. Seis años o más sin que surgiera la menor sospecha. ¿Acaso el crimen perfecto? Me niego a creerlo. Con todo, eso pasó. A la vista de variados mecanismos de control, incluidos sociedad civil, competidores en licitaciones, corporaciones públicas y el cacareado control político.

La reflexión tiene que ir más allá. ¿Qué habría pasado si un juez americano no hace la tarea? Dilma Rouseff, la expresidente del Brasil, dijo que estas revelaciones eran resultado de la legislación que su partido habría aprobado para institucionalizar la delación premiada. Ya la hemos explicado. Es el ciudadano que grita, denuncia, cuenta lo que está viendo, pita. Estamos en mora de aprobar legislación que recoja esta experiencia y otras muchas, ya sistematizadas y probadas, para tener la herramienta considerada más eficaz en la lucha anticorrupción. Al respecto existe preocupante, y hasta sospechoso, silencio.

No más ruido sobre la corrupción, ni hipocresía frente al tema, ni apariencias. Esta herramienta debe ser adoptada. Y los elementos que le dan eficacia real, a saber, la protección de quien pita, de quien colabora y significativa recompensa que oscile entre el 10 y el 30% de la suma involucrada. Sobre esto hay libros, investigaciones, seminarios y hasta manuales. No hay disculpas para omitirlo.

Y los organismos de control, los jefes de control interno y auditorías tienen que revisar estos casos de corrupción para refinar sus métodos de trabajo. Es que, la verdad sea dicha, esta situación escandalosa de Odebrecht habría podido permanecer en total oscuridad. Así lo demuestran los años que han pasado.

A esto se suman los dos temas, quizás más escandalosos de las empresas españolas que tuvieron el gran negocio de la distribución de energía en la costa atlántica y del servicio de agua. Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación, dio la voz de alarma. Fiscalía y Contraloría concurren en la investigación. Los españoles han prometido ofrecer información. Es el Odebrecht español, como se ha dicho. ¿Acaso otro primero de junio?