No convencen

El Tiempo, mayo 2, publica las respuestas de cinco candidatos con respecto a la lucha anticorrupción.

Por lo menos, se observa en todas las respuestas un olvido de tres elementos que han debido ser tomados en cuenta: 1. Los logros de éste y anteriores gobiernos y cómo fortalecerlos; 2. Los planteamientos dramáticos del Contralor General, quien define el tema como de “empresas político-criminales” que tienen la capacidad de tomar las decisiones pertinentes en el nivel nacional, departamental y municipal; y 3. El Compromiso de Lima, abril 2018, aprobado por aclamación por los gobernantes del hemisferio, incluidos Canadá y Estados Unidos, y que ofrecen 57 propuestas organizadas en ocho temas:

– Impulsar la adopción y/o fortalecimiento de las medidas legislativas que sean necesarias para tipificar penalmente los actos de corrupción.

-Promover el uso de sistemas electrónicos para compras gubernamentales, contrataciones de servicios y obras públicas para asegurar la transparencia.

– Adopción y/o fortalecimiento de medidas que promuevan la transparencia, rendición de cuentas, contabilidad apropiada y bancarización de los ingresos y gastos de las organizaciones y partidos políticos, principalmente de sus campañas electorales.

– Consolidar la autonomía e independencia de los órganos de control.

– Proteger a los denunciantes, testigos e informantes de actos de corrupción frente a acciones intimidatorias y represalias.

– Proteger el trabajo de los periodistas y personas que investigan casos de corrupción.

– Proteger a los servidores públicos involucrados en hacer cumplir la ley, la investigación, el enjuiciamiento y la sanción de los actos de corrupción.

– Implementar medidas para la reducción de la burocracia y la simplificación de trámites en todos los niveles de gobierno para la prevención de la corrupción.

Compromiso, coordinación y cooperación son tres funciones indispensables -según el Banco Mundial- para la implementación de las políticas públicas. Válido para la lucha contra la corrupción. Válido, como lo estamos viendo, para la implementación del Acuerdo de Paz.

Las propuestas de los candidatos así como las del Compromiso de Lima requieren una vigorosa adaptación a las circunstancias de cada país, que son bien diferentes. Diría que Chile, no obstante los escándalos de los últimos años, está en la edad de la inocencia cuando se compara con Colombia. Aquí hemos llegado a una situación que desborda los diagnósticos que se encuentran aún en los libros más recientes sobre el tema.

Así las cosas, no se entiende que los equipos de los candidatos no reparen en los diagnósticos dramáticos hechos tanto por el Contralor, el Procurador y el Fiscal General.

Todos coinciden en describir la situación como una de ‘crimen organizado’ que encuentra sus raíces más perversas en dos herramientas políticas: la financiación no estatal de las campañas políticas y las listas abiertas. Entiendo que en plena campaña electoral resulta inapropiado mencionar la soga en casa de ahorcado. Pero que no se olvide que estos dos elementos de la vida política colombiana, han llevado a los peores escándalos de corrupción, a los más dolorosos, a los que más afectan la credibilidad de los ciudadanos en la vida política, en las instituciones y en los ciudadanos que han sido elegidos. Gravísimo.

Por fortuna tanques de pensamiento colombianos están examinando el tema y se espera que le proporcionen al candidato ganador un documento fundamentado que le permita adoptar políticas públicas no solamente correctas sino con los elementos necesarios para lograr el éxito buscado.