Legitimidad

Legalidad y legitimidad no son conceptos idénticos. Ni intercambiables. La legitimidad es mucho más que la legalidad. Existen instituciones que pueden estar rodeadas de la máxima legalidad pero que no cuentan con legitimidad. O sea, no cuentan con aceptación de la ciudadanía. Ni gozan del consentimiento y del aprecio por parte de los ciudadanos. Sus decisiones, su comportamiento están en tela de juicio. Cuando las principales instituciones están en esa situación hay crisis de legitimidad en el sistema político que debe llevar a una reformulación o replanteamiento basado, por supuesto, en un consenso sobre lo fundamental.

Colombia ha venido aproximándose a una ‘crisis de legitimidad’. Es un camino que es indispensable superar antes de que la situación se complique más. La legitimidad hay que cuidarla todos los días, en todo momento. Su existencia es lo que le da fuerza a una institución, a un sistema político. De otra manera se pierde confianza, se esfuma la credibilidad y la sociedad política se va debilitando.

No es un tema menor. No es un asunto teórico, es de la esencia de la vida política. Ganamos legitimidad con el Plebiscito del primero de Diciembre de 1957. Lo propio ocurrió con la Constitución de 1991. Y ello es lo que ha debido acontecer con el Acuerdo Final de Paz. Infortunadamente no fue así y no puede continuar de esa manera porque, como ya lo hemos dicho en diversos textos, ello afecta significativamente el funcionamiento del sistema político. Es un lujo que no nos podemos permitir porque es perverso, porque es implacable. Porque al fin de cuentas pone en grave peligro la misma democracia.

El Congreso de Colombia ha venido perdiendo legitimidad desde hace varias décadas y lo que ocurrió en la última sesión de esta legislatura agudizó enormemente esa precaria condición. De alguna manera, apareció no solamente como irresponsable, alejado de los sentimientos mayoritarios de la población sino como, además, ignorante de sus propios esfuerzos. Se le acusa de haber hundido un proyecto anticorrupción que gozaba de popularidad. Pero, al mismo tiempo, expertos en derecho penal dicen que la prohibición de casa por cárcel para los corruptos, que se buscaba, ya estaba en la legislación. Que simplemente no se aplicaba con el debido rigor. Otros, no menos sabidos, alegan que existe un proyecto de ley que solamente requiere en la legislatura que se inaugura el 20 de Julio, un procedimiento menor para convertirlo en ley.

Es sorprendente el debate que resultó cuando existen estas otras informaciones, pero así vamos. Lo preocupante es que, también, otras instituciones claves como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Judicatura, han venido experimentando un proceso de deslegitimación innegable y la nueva Jurisdicción para la Paz, clave en las actuales circunstancias, es también víctima del acelerado proceso de pérdida de legitimidad. Algunos sospechan por su diseño o el proceso de escogencia de sus Magistrados; otros critican el tratamiento que les están dando a las declaraciones de los miembros de las Fuerzas Armadas; y personalidades que dicen haberla apoyado en sus inicios, se declaran decepcionados y afirman que ya no tienen confianza ni credibilidad en la misma. Hablan de sesgos, de falta de imparcialidad, de discriminación.

Así podríamos referirnos a otras instituciones para señalar lo que se escucha aquí y allá. Esto no contribuye a la salud de nuestra Democracia.