Fraude

Por fortuna, las elecciones presidenciales han sido reconocidas como impecables. Ello contrasta enormemente con las informaciones que el fiscal Néstor Humberto Martínez divulgó el jueves. Sus denuncias no pueden pasar desapercibidas. Nauseabundo, había dicho. Puede ser peor. La información sobre el deplorable comportamiento de los estudiantes Pilos que sustituyeron a otros en la presentación de exámenes universitarios nos muestra que aún los más inteligentes, desde temprana edad, carecen de referentes éticos. El fraude electoral, el comportamiento de los Pilos, nos coloca en una realidad innegable de pérdida de valores, de relajamiento moral, por parte de quienes debieran ser los mejores, los modelos para imitar.

La integridad de un Sistema Electoral es valor que gobiernos y fundaciones están buscando preservar y mejorar. Sobresale la profesora de Harvard, Pippa Norris, quien ya ha publicado varios libros sobre el tema como resultado de un trabajo de alcance global. Es hora de que alguien la invite para que revise nuestro sistema.

Es que la democracia exige altísima legitimidad y ésta resulta, en buena parte, de la confianza de la ciudadanía en el Sistema Electoral. De lo contrario, la crisis de confianza y credibilidad se extenderá al funcionamiento de las instituciones y al ejercicio de la autoridad. Las dudas o sospechas sobre la transparencia del Sistema Electoral, no se pueden alimentar. El Fiscal hace bien, muy bien, en destapar estos hechos que vulneran la integridad del Sistema. Y la sociedad toda hace muy mal en no indignarse, al máximo, con este tipo de situaciones. Fue lo que ocurrió con la Sentencia del Consejo de Estado, que aquí se comentó, en virtud de la cual se estableció la maniobra que permitió que el Partido Mira hubiera sido despojado de tres senaturías. No hubo la respuesta que era de esperarse. Los partidos políticos se mantuvieron silenciosos. El Congreso no expresó su perplejidad y rechazo y así otras muchas instituciones de las cuales se esperaba una manifestación contundente, no sólo de condena a lo ocurrido, de exaltación a la decisión de la Sala Electoral del Consejo de Estado y a su Consejera Lucy Bermúdez, sino de exigencia de una revisión de las vulnerabilidades del Sistema Electoral para su corrección inmediata.

¡Para qué sorprenderse! Llegamos a las elecciones del 11 de marzo en las mismas y es así cómo, perplejos, vemos repetirse estos comportamientos criminales. El Fiscal lo dijo sin vacilaciones. Se trata de empresas criminales, organizadas, que en uno de los casos contaba con más de dos mil intermediarios. Sedes elegantes, asesores, comunicadores, manuales de procedimiento y dinero abundante, inclusive proporcionado por empresarios. Empresas criminales con tradición ya de varios procesos electorales y con vocación de permanencia. Asombroso. Inaceptable. Pero es más indignante la pasividad de partidos políticos, dirigentes y otras organizaciones sociales frente a semejante deformación del proceso que busca registrar, limpiamente, la voluntad popular. Eso es lo más preocupante. Tanta indiferencia, ese mirar hacia otro lado, tanto desentendimiento frente a un comportamiento criminal que atenta gravemente contra la naturaleza del Sistema Democrático.

Una situación como la descrita se presta para todo tipo de complicidades que derivan en la deformación de las Políticas Públicas, en chantajes y violencia. Simplemente, ¡aterrador! La Sala Electoral del Consejo de Estado, presidida por Rocío Araújo y considerada un modelo de eficacia, tiene una enorme tarea.
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