¿Favores? ¿Civismo?

¿Intercambio de favores con implicaciones que pueden ser criminales? ¿O contribuciones al ejercicio de la democracia electoral, un gesto de civismo, sin otras consecuencias?

Este es el predicamento que los jueces y la ciudadanía tendrán que responder. En el caso del Brasil y de otros países, Colombia incluida, a raíz de las operaciones de esa empresa criminal llamada Odebrecht.

No aprendemos. Durante más de cinco décadas se vienen haciendo investigaciones, particularmente en Estados Unidos, que muestran el nefasto vínculo entre la financiación de partidos, políticos y campañas electorales y la deslegitimación de la democracia. Nefasto porque lleva a la corrupción. Nefasto porque pervierte el sentido de políticas públicas que debieran estar orientadas al bien común y terminan favoreciendo intereses particulares. Buena parte de los escándalos sobre corrupción desde Japón hasta las Américas, está ligada al tema de la financiación política.

Nefasto porque genera el descrédito de los políticos, de los partidos, del proceso de decisiones y de las instituciones.

Curioso que luego de una campaña presidencial en Estados Unidos, donde el tema fue central, nos demos por no enterados. Y que en medio de un escándalo como el Odebrecht que gira en torno de contribuciones a políticos, partidos y campañas con contraprestaciones en la asignación de contratos, también se considere que no ha pasado nada y que más controles pueden remediar las cosas.

El sistema de controles es un fracaso en Estados Unidos, que algo sabe sobre cómo gobernar y controlar, como lo demuestran entre otros el caso de la Fifa o el de Odebrecht. Aquí el contralor Edgardo Maya dice y repite -y ni así lo escuchan- que el sistema de controles al dinero en las campañas es un chiste. Que los informes que presentan los partidos son una burla.

Brasil, gracias a unos fiscales y jueces valerosos y conscientes del significado que tiene para la democracia este sistema quienes han emprendido una acción titánica que compromete a senadores, diputados, ministros, expresidentes, en una operación criminal de vastas proporciones entre megaempresas, Petrobras, Odebrecht, y los dirigentes políticos. Ya veremos cómo se resuelve el predicamento que se planteó al comienzo de esta columna. Te doy para que me des (do ut des, quid pro quo). Un intercambio vitando, ilegal, que deforma el proceso político y el funcionamiento de la democracia.

Algunos testimonios. “Casi ocho de cada diez americanos cree que los miembros del Congreso deciden su voto basados en lo que quieren los grandes contribuyentes de su partido político, por lo menos algunas veces” (Mark Mellman y Richard Whitlin, encuestadores). Gerald Greenwald, presidente emérito de United Arlines, afirma que la corporaciones contribuyen ante la consideración de las consecuencias de no hacerlo. El senador Warren Rudman hablaba así: “Usted no puede nadar en el océano sin mojarse; no puede ser parte de este sistema sin ensuciarse”. El decano de Derecho de Fordham University, John D. Feerick, afirmó: “Las leyes sobre financiación de campañas del Estado de Nueva York son atroces”.

Para concluir, un editorial del The New York Times, 27 de diciembre de 1998, dice que los dos grandes partidos políticos “han pasado de representar distritos electorales del pueblo a convertirse en maquinarias que consiguen dinero para favorecer intereses particulares”.

Hablar de esto cuando Estados Unidos hace una demostración descomunal de poderío militar en Siria, en Afganistán, parece un contrasentido, pero miren el daño que la financiación de campañas produce en las débiles democracias...

La transparencia del sistema político es una garantía de supervivencia. La corrupción hoy convertida en crimen organizado es el camino a la decadencia política con sus horribles consecuencias. Un país con tan diferentes formas de crimen organizado, ¿puede darse el lujo de legislar para ángeles?