...Después

El debate sobre la destitución del alcalde Petro ha puesto de presente una característica deplorable de la cultura política colombiana. Aquí los temas se consideran después, no hay sentido de la previsión y la anticipación es mal vista. Lo mejor es aguantar hasta cuando se produce una crisis  y, entonces sí, nos rasgamos las vestiduras y clamamos al cielo. Y nos llamamos a engaño. Y hasta nos sorprendemos. ¿Cuántos ministros han sido destituidos e inhabilitados? ¿Cuántos gobernadores y alcaldes? ¿Cuántos gerentes y funcionarios? ¿Cuántos congresistas, diputados y concejales? Mucho más de mil desde 1991. ¿Y por qué tanto ruido ahora y no antes? ¿Por qué ningún congresista, ni siquiera Petro, propuso una reforma a este sistema sancionatorio, evidentemente excepcional, una anomalía en un sistema democrático? ¿Acaso no habían sido afectadas personalidades de renombre? Y, ¿cuántos estudios se han realizado  sobre un tema tan significativo como es el sistema sancionatorio de las Altas Autoridades? Con ayuda del Banco Interamericano he preparado algunos informes sobre las facultades exorbitantes del Procurador en materia disciplinaria y las de la Contraloría para suspender funcionarios “verdad sabida y buena fe guardada” mientras se adelanta una investigación.Y, también, las facultades del Consejo de Estado para declarar la muerte política a senadores, representantes, diputados, concejales, llamada pérdida de investidura. Ya van más de 60 congresistas desde 1991. Es un  mecanismo sancionatorio sobre el cual publiqué un libro editado por la Universidad del Rosario en 2012. Es una herramienta anticorrupción clave. Tanto que la Reforma a la Justicia de 2012 hubo que hundirla, precisamente por cambios sigilosos que se introdujeron en  la Comisión de Conciliación para desvirtuarla. Con todo, es hora de evaluarla e introducir nociones de proporcionalidad y razonabilidad. Es  así como se preserva su eficacia. ¿Algún intento por corregir los defectos de la Comisión de Conciliación? Al respecto -a la manera de un Quijote- publiqué con la profesora Mónica Pachón  un pequeño libro que divulga Cuéllar Editores. En la fallida reforma a la Justicia se perdió la oportunidad de ajustar estos regímenes sancionatorios. Entonces no se planteó el tema del Procurador ni el de la Contraloría. Tan solo los de pérdida de investidura y el fuero. Desaparecida la Reforma, el tema se quedo de ese tamaño. Un asunto central es de las inhabilidades. ¿Cuáles son los parámetros para establecerla por quince años, o más, o menos? En el caso de Petro la inhabilidad por quince años ha generado más desacuerdo que la destitución. ¿Puede un Alcalde en ejercicio comportarse como lo ha hecho Petro, una vez conocida la decisión de la destitución? Y en plena campaña electoral, los demás  Alcaldes pueden imitarlo? ¿Acaso el Estado de Derecho, el imperio de la ley, el sometimiento de todos los ciudadanos a las reglas jurídicas tiene ahora excepciones públicas y notorias? Hay que actuar con previsión. Hay que anticiparse a los hechos. Actuar después, indignarse después, no contribuye  a la estabilidad institucional.