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El miércoles pasado, Rusia anunció la revocatoria de su firma en el...

19 de noviembre de 2016 Por: Fernando Cepeda Ulloa

El miércoles pasado, Rusia anunció la revocatoria de su firma en el Tratado de Roma, fundamento legal de la Corte Penal Internacional (CPI). Jamás ocurrió la ratificación, pero este anuncio es significativo porque se une al de otros países que jamás suscribieron el Tratado: Estados Unidos, China, India, Israel, Cuba e Iraq. Y a las manifestaciones de varios países africanos, también recientes, que han anunciado su intención de retirarse de la Corte: Gambia, Burundi y Sur África. Y también Filipinas. Recordemos que tan sólo 120 países apoyaron el Tratado de Roma y que Estados Unidos, no obstante haber sido uno de sus principales promotores, muy tempranamente retiró su firma. Los africanos miran la Corte Penal Internacional como un vestigio del viejo colonialismo. Consideran que está africanizada, o sea, que puso sus ojos en el Continente Africano y no en otros países. Rusia en su comunicado consagra la desilusión con la Corte. Textualmente dice así: “Por desgracia la Corte no cumplió las expectativas puestas en ella y no se convirtió en un Órgano de Justicia Internacional verdaderamente independiente y prestigioso. Varias veces, en sesiones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU se había constatado el trabajo ineficaz y unilateral de la Corte. En 14 años de su funcionamiento, la CPI dictó sólo cuatro sentencias, gastando más de mil millones de Dólares”.No deja de ser interesante verificar que en noviembre 3 del 2016, en vísperas de la elección de Donald Trump, The New York Times dedicó su principal editorial a reclamar una Corte mucho más fuerte para juzgar los crímenes de guerra. No creo que el presidente Trump siga la línea de pensamiento de este apreciado periódico y que más bien refuerza la línea anunciada por Putin y otros gobernantes. El NYT reclama de la Comunidad Internacional redoblar esfuerzos para fortalecer el mandato de la Corte y su misión y recuerda la gran tarea que se hecho desde la Primera Guerra Mundial para establecer esa jurisdicción; cita palabras del senador Patrick Leahy, quien reclama “dar ejemplo por medio de la ratificación del Tratado y de apoyo activo al trabajo de la CPI.” Existía la expectativa de que un triunfo de Hillary Clinton habría llevado a política parecida a la que sugieren el Senador y el editorialista. Ella había deplorado la resistencia de Estados Unidos a aceptar esta jurisdicción, seguramente recordando que su esposo había suscrito el Tratado que luego su sucesor, presidente Bush, revocó. Es una situación muy significativa cuando el mundo es testigo de los horrores que ocurren en Siria y otras partes del mundo. Y es también muy diciente, y revelador de una tradición nunca desmentida, del apoyo de Colombia al Derecho Internacional y a sus más altos tribunales. Como ha ocurrido con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con la propia Corte Internacional de Justicia, que ahora considera alegatos de Colombia y Nicaragua. El ejercicio de la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en los acuerdos que se han venido suscribiendo con las Farc es otro testimonio de la manera tan juiciosa como Colombia busca respetar la normatividad internacional.El papel complementario de la CPI es indispensable. El apoyo de la Comunidad Internacional necesario para preservar el lado más noble de la humanidad aún en circunstancias de guerra.

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