Contra la corrupción

Contra la corrupción

Noviembre 28, 2015 - 12:00 a.m. Por: Fernando Cepeda Ulloa

La descentralización ha sido objeto de debate casi permanente en Colombia. Recordemos la propuesta del presidente Alfonso López Michelsen relativa a una Asamblea Constitucional limitada a dos temas: a) la administración departamental y municipal y b) el Ministerio Público, Consejo de Estado, Administración de Justicia y Jurisdicción Constitucional. Dicha Asamblea Constitucional se reuniría en Bogotá por siete meses con delegatarios elegidos popularmente, dos por cada departamento y dos más por las Intendencias y Comisarías entonces existentes, que se constituirían en una circunscripción electoral. En 1978 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el Acto Legislativo.Posteriormente hubo otros intentos descentralizadores que no fructificaron. Fue la Asamblea Constituyente de 1991, esa sí con plenos poderes, la que le dio vuelco casi total a la Constitución de 1886. Aunque se reconoce que estuvo limitada por frecuentes declaratorias de Estados de Sitio, que otorgaban poderes extraordinarios al Presidente de la República. Se reconoce que las reformas introducidas por la Constituyente del 91 son el proyecto descentralizador más ambicioso en nuestra historia, con excepción de la época del Federalismo. Sobre su impacto hay dos temas que no han merecido análisis sistemáticos en dos áreas: el orden público y la transparencia y el uso impecable de los recursos públicos.Respecto al orden público, se hizo un intento, promovido por la Fundación Ebert de Colombia y la Corporación Milenio. Entonces el tema de los llamados grupos paramilitares no entraba como central de este debate. El de la guerrilla en cambio sí es mirado con especial preocupación. Debilidad semejante puede anotarse respecto a la relación entre cultivos ilícitos y la presencia de carteles de drogas. Aunque existen estudios por regiones de esta actividad criminal, no hay énfasis especial sobre la relación entre descentralización y proliferación de carteles de la droga, crecimiento de los cultivos respectivos y de la actividad criminal que los acompaña.Por ello la gran pregunta frente al fenómeno que ha vivido Colombia los últimos sesenta años es cuál ha sido el impacto sobre la gobernabilidad democrática municipal y departamental de actividades como: 1. Grupos armados ilegales (guerrilla) 2. Grupos armados ilegales (vigilantismo o “grupos paramilitares”) 3. Carteles de las drogas ilícitas, y 4. Manifestaciones de crimen organizado (contrabando, explotación ilegal del oro y otros minerales, etc.). Sabemos cómo la vida en las Costas Pacífica y Atlántica ha sido transformada muy negativamente. Allí se han vivido situaciones indescriptibles, que inclusive han contaminado el ámbito universitario. El caso de Bogotá es paradigmático de colusión entre altos funcionarios, organismos de control, congresistas, concejales, firmas contratistas y consultoras, etc. En la reciente campaña del 25 de octubre, columnistas afirmaron que era indispensable que el Estado asumiera totalmente la financiación política, como el autor de estas líneas viene proponiéndolo desde hace varias décadas. Inclusive, como Ministro de Gobierno presenté una reforma constitucional autorizando la financiación estatal total de las campañas electorales.Así son las cosas, ¿cuál sería el diagnóstico que se podría hacer sobre la relación entre descentralización y corrupción? O mejor, entre descentralización y crimen organizado.

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