Un servicio público olvidado

Diciembre 28, 2014 - 12:00 a.m. Por: Esteban Piedrahíta

Uno de los grandes pecados originales de los sistemas de transporte masivo en Colombia -tan importantes para el desarrollo de las ciudades, pero con tantas dificultades- ha sido la obsesión con que la tarifa cobrada al usuario financie todos los costos de operación. La legislación colombiana, con buen criterio, contempla gratuidad en la educación básica y media oficial y subsidios en salud y servicios públicos para los hogares más necesitados. Sin embargo, una ley con 25 años de antigüedad los prohíbe explícitamente en el caso del transporte público. La exigencia de autosostenibilidad conduce a que los sistemas se conciban buscando maximizar la eficiencia, sin reparar en el impacto sobre los niveles de calidad de servicio. Bajo este marco, los incentivos de operadores y usuarios con frecuencia se contraponen, pues a los primeros les convienen una muy alta ocupación en horas pico, baja frecuencia en períodos valle y un cubrimiento geográfico limitado. Las alzas en el costo de los pasajes fungen como válvula de escape de las afugias financieras, incentivando el uso de modos alternos (ej. ‘piratas’, motos, etc.). Con el agregado de otros problemas de diseño y gestión, el resultado de esta norma han sido sistemas desfinanciados, con baja cobertura de la demanda y servicio deficiente.Por sus amplios beneficios económicos, sociales, ambientales y en salud hay pocas cosas más merecedoras de apoyos estatales que el transporte público económico y de calidad. El mayor rubro de gasto de los hogares pobres en Colombia, después de alimentación y vivienda, es transporte. De hecho, gastan más movilizándose que en salud, educación y servicios públicos juntos. En Cali, según cálculos publicados por la Misión para el Fortalecimiento del Sistema de Ciudades del gobierno nacional, las familias que están dentro del 40% más pobre de la población destinan el 10% de sus ingresos al transporte. Más allá del bolsillo del usuario, un sistema de transporte público eficiente y asequible impacta sobre muchas otras variables claves del bienestar, como lo corrobora un estudio reciente del Banco Mundial. Para las ciudades colombianas, no obstante tener aún tasas de motorización sumamente bajas (49 automóviles y 77 motos por mil habitantes), la congestión vehicular implica 11 millones de horas pérdidas por año (valoradas en US$6.000 millones de dólares). Adicionalmente, cada año mueren cerca de 4.000 ciudadanos en accidentes de tráfico urbanos, aunados a los más de 1.000 que fallecen por contaminación del aire. El transporte urbano, además, representa cerca del 20% de la energía primaria que consume el país y es un gran emisor de gases de efecto invernadero.Los subsidios a la operación de los sistemas de transporte público tienen amplio respaldo de la comunidad académica especializada y son ubicuos en los países desarrollados y cada vez más frecuentes en otros. Se entiende que estos sistemas, si han de proveer un buen servicio, son casi inevitablemente deficitarios y que los amplios beneficios socioeconómicos de apoyarlos exceden con creces los costos.El Gobierno Nacional viene estudiando la posibilidad de eliminar la anticuada restricción que los prohibe en Colombia. La Ley del Plan de Desarrollo que se tramitará el próximo año es la oportunidad para establecer una política de subsidios al transporte público bien diseñada y focalizada que permita mejorar mantener tarifas moderadas que incentiven el uso de los sistemas y beneficien a los hogares más pobres a la vez que se mejora la calidad del servicio y se garantiza la sostenibilidad de unos sistemas de enorme beneficio colectivo.

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