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¿Quién le teme al posconflicto?

Si hay un tema que confunde y, en mayor o menor grado,...

15 de noviembre de 2015 Por: Esteban Piedrahíta

Si hay un tema que confunde y, en mayor o menor grado, asusta a la opinión pública en relación al proceso de paz es el del “posconflicto” —término nada fácil de precisar para el caso de Colombia donde históricamente ha habido varios grupos armados ilegales, donde gran parte ya se ha desmovilizado, disuelto o reencauchado en bandas criminales, donde la negociación en curso no cobija a todos los restantes (v.g. ELN) y donde una amplia mayoría de la violencia ocurre en las ciudades y fuera del marco de la ‘guerra’. Los temores normalmente tienen que ver con la posibilidad de una gran afluencia de personas ‘indeseables’ a las ciudades que añadirían leña al fuego de la delincuencia y con los presuntos costos exorbitantes que un acuerdo impondría a los contribuyentes. En esta columna me ocuparé de lo primero.Un escenario de alarma se construye por analogía a lo que sucedió en El Salvador. La tasa de homicidios de ese país aumentó en forma considerable tras la firma de los acuerdos de paz: de 22,7 por 100.00 habitantes en 1995 a 48,9 en promedio entre 2002 y 2007. Pero la comparación está viciada. La escala del conflicto en El Salvador —una verdadera guerra civil— nada tiene que ver con la de Colombia. Allá había entre 8 y 10.000 guerrilleros en armas y se desmovilizó un número aún mayor de soldados. Un país mucho más pobre que Colombia (su ingreso por habitante era una tercera parte del que hoy tenemos), con una población casi 8 veces menor (proporcionalmente sería como si las Farc tuvieran 70.000 combatientes) y con una fuerza pública débil y menguada, no logró ‘absorber’ productivamente estas personas.Sumando milicias y estructuras de apoyo es posible que de las Farc se desmovilicen unas 25.000 personas. Aún sin mayor acompañamiento (cosa que el Estado ya provee y que probablemente tendrá mayor énfasis tras la firma de un acuerdo), la economía colombiana está en capacidad de reintegrarlos sin siquiera un hipo, pues representarían tan solo el 0,05% de la población y el 0,11% de los trabajadores del país. Como puntos de referencia, Almacenes Éxito emplea más de 38.000 colombianos y en los últimos doce meses Cali sola generó 73.000 nuevos ocupados. Aquellos que reincidan en el crimen (un 20% según la estadística histórica) se encontrarán con una fuerza pública robusta y seguramente fortalecida en lo que atañe a seguridad ciudadana por el cambio en prioridades estratégicas de lo militar a lo policivo. La base más razonable para proyectar escenarios de posconflicto es analizar la trayectoria de Colombia en los últimos 12 años. A la vez que reintegraba cerca de 60.000 excombatientes a la sociedad civil, nuestro país redujo la tasa de homicidios de 70 a 28 por 100.000 habitantes entre 2002 y 2014 (20.000 menos muertos por año). Simultáneamente, generó 6 millones de nuevos empleos —reduciendo la tasa de desocupación del 16 al 9%—, lo cual contribuyó en forma decisiva a bajar la proporción de personas pobres del 50% al 29% de la población total. Hoy hay 7 millones de pobres menos que en 2002 con 15% más población. En los últimos doce años, seguridad y crecimiento se apuntalaron uno a otro irrigando mayor bienestar. Ahora se nos plantea la posibilidad de cobrar una nueva cuota, extraordinaria de este “dividendo de la paz”. No hay que temerle al posconflicto; a lo que hay que temer es al conflicto, a seguirnos matando como salvajes por diferencias políticas anacrónicas.