Oscuros intereses

La intervención de Emcali por el Gobierno Nacional entre los años 2000 y 2013 es posiblemente el mayor fracaso colectivo de la sociedad caleña en los últimos 20 años. Fracaso, por supuesto, de los alcaldes de turno. Pero también de nuestros representantes en el Concejo y el Congreso, de los sindicatos de la empresa, de nuestra clase dirigente, y, en realidad, de todos los caleños quienes no fuimos capaces de resolver problemas que nosotros mismos creamos y quienes toleramos por tanto tiempo semejante indignidad. Esa intervención, aunque inicialmente ayudó a estabilizar la empresa, la mantuvo postrada. En los frentes estratégicos—crecimiento de los negocios, calidad del servicio, nuevas inversiones, reducción de pérdidas, eficiencia administrativa, gestión del recurso humano, etc., etc. —los avances fueron, en los mejores casos, marginales. Durante este período, la brecha con los pares de Emcali—EPM y la EEB, quienes generan millonarios dividendos a sus respectivas alcaldías— se tornó abismal. Ahora, tras solo un año de haber vuelto la empresa a manos de la Alcaldía y de los caleños, fuerzas variopintas parecen empeñadas en precipitar una nueva crisis y volver a un statu quo que, aunque perjudicial para la ciudadanía, les resultaba conveniente. A su vez, muchos de los principales medios de la ciudad les hacen el juego, con un cubrimiento con frecuencia sesgado y de pobre nivel técnico.Todos los ciudadanos están en su legítimo derecho de criticar la gestión de Emcali. Aunque el reto de administrar una empresa plagada durante años por la politiquería, la intransigencia sindical y la contratación cuestionable es mayúsculo, eso no libra al alcalde, al gerente y su equipo, y a la junta directiva —a la que soy invitado con voz pero sin voto— de la responsabilidad de producir resultados. En mi caso, por ejemplo, he sido crítico de lo que percibo como dispersión estratégica, y la concentración de atención y recursos en temas como la innovación y las energías alternativas que, aunque sin duda deseables, distraen la atención gerencial de desafíos más urgentes e importantes.Pero los cuestionamientos recientes a la contratación de la empresa Baliza y a la adjudicación de una obra de protección de la estación de bombeo Paso del Comercio parecen ante todo cortinas de humo promovidas por aquellos a quienes no les conviene el cambio del régimen de contratación de la empresa. Hasta hace algunos meses los contratos de hasta $300 millones (que a través de otrosíes sin límite con frecuencia se multiplicaban en valor) los asignaban los gerentes de área prácticamente a dedo y un grupo reducido de contratistas acaparaban la mayoría del abastecimiento de la empresa. Hoy, cualquier proceso por encima de $8 millones se hace por licitación pública y se han recibido manifestaciones de interés de más de 700 nuevos proponentes.En el caso de Baliza, empresa de la que personalmente no puedo dar fe y que sí, fue contratada en forma directa dentro de las facultades legales del gerente de Emcali, su representante legal tiene la experiencia casi singular en el país de haber modernizado exitosamente los procesos de compras de una compañía estatal tan compleja y reconocida como Ecopetrol. En el segundo caso, quien quiera que escuche con cuidado las explicaciones de la gerencia se da cuenta de la transparencia del proceso a pesar del dudoso comportamiento de un funcionario ya separado de la empresa. No es preciso ser en extremo perspicaz para imaginar a quiénes les podría interesar desprestigiar el nuevo modelo de contratación de Emcali y a la administración que lo está implantando.