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Ocaso de una guerra necia

Los costos en violencia, corrupción y bienestar imputables a esta política, para países productores como Colombia, son incalculables

19 de septiembre de 2021 Por: Vicky Perea García

Hace tres meses se cumplieron los 50 años del lanzamiento de la ‘Guerra contra las Drogas’ por parte del presidente norteamericano Richard Nixon. La mayoría de quienes estudian el asunto coinciden en que ha sido un rotundo fracaso. El gobierno estadounidense ha invertido cerca de un billón (de doce ceros) de dólares en esta iniciativa y encarcelado a un número gigantesco de ciudadanos por posesión de narcóticos (actualmente están en prisión cerca de 450.000), al tiempo que las muertes por sobredosis continúan al alza -en 2020 fueron más de 92.000. Los costos en violencia, corrupción y bienestar imputables a esta política, para países productores como Colombia, son incalculables.

Es probable, sin embargo, que este fallido experimento ya esté entrando en su ocaso. Las actitudes del público frente a las drogas están cambiando rápidamente. Según cifras de Gallup, mientras en 1969 solo un 12% de los adultos norteamericanos se manifestaban en favor de la legalización de la marihuana, hoy un 68% la apoyan (aunque solo un 10% la consumen). En los últimos 9 años, 18 estados de la unión americana, que reúnen el 46% de la población del país, han legalizado el uso recreativo del cannabis. Algunos, como Oregón, han ido más allá y han descriminalizado la posesión de cantidades pequeñas de casi todas las drogas. En esto siguen el ejemplo de Portugal, que en 2001 hizo lo propio, enfocando la problemática como un asunto principalmente de salud pública. Hoy las muertes relacionadas con sobredosis por habitante en ese país son una quinta parte del promedio de la Unión Europea y un 2% de las de los EE.UU.

Hasta ahora, países como el nuestro, que parecerían ser claros beneficiarios de un enfoque diferente, pues sus principales afectaciones se derivan de las enormes rentas del tráfico ilegal, han sido tímidos en proponerlo, en parte por temor a represalias norteamericanas. La posibilidad de éstas, no obstante, disminuyen día a día conforme cambian las actitudes del público en ese país. Aún más, avanzar hacia la legalización de la cocaína (escenario aún muy remoto) tendría gran valor estratégico para EE.UU., por cuanto menguaría sensiblemente las fuentes de financiamiento de adversarios como el régimen venezolano y sus aliados de las disidencias colombianas, entre otras organizaciones criminales.

Es claro que no todas las drogas son iguales (aunque según cifras de la OMS ninguna está vinculada con más muertes y afectaciones en la salud que el alcohol) y que la descriminalización/legalización pueden tener muchos matices y comportan riesgos. Algunos temen, por ejemplo, que conduzcan a mayor consumo, aunque en países como Colombia las drogas ya son ampliamente disponibles a muy bajo costo. En Portugal, de hecho, el uso de drogas entre jóvenes ha disminuido en los últimos 20 años.

Pero no hay riesgo mayor a seguir en las mismas. Quitarles rentas a las organizaciones delictivas vía legalización de un negocio que es extraordinariamente lucrativo por ser ilegal es un bien en sí mismo. Si además la comercialización y consumo se pudieran dar en entornos menos peligrosos y los recursos que se malgastan en control e interdicción se invirtieran en campañas de concientización y servicios e infraestructura de tratamiento para consumidores y adictos -financiados con impuestos al consumo-, los efectos en bienestar general serían enormes. Hasta ahora, los líderes colombianos solo se han atrevido a abordar el asunto cuando ya son expresidentes. Es reconfortante ver que en la campaña presidencial que comienza hay candidatos que tratan el tema de frente.

Sigue en Twitter @estebanpie