Las formas de la pobreza

Aunque el país hace rato pasó a la siguiente polémica, no puedo eludir referirme a las cifras de pobreza reveladas la semana pasada no solo por la trascendencia del tema, sino porque participé desde Planeación Nacional en la revisión de la metodología de estimación de la pobreza monetaria y en la creación del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). Estas dos mediciones -una que se aproxima a la pobreza por la insuficiencia de ingresos de un hogar para acceder a una canasta básica y la otra, más ‘holística’, que evalúa sus carencias en pilares esenciales del bienestar como la salud, la educación, la vivienda, los servicios públicos y el empleo- pretenden ofrecer dos perspectivas complementarias sobre el avance (o retroceso) social del país.

Desde el punto de vista de la pobreza por ingresos, medida con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane, los resultados de 2016 no fueron buenos. Aunque ligeramente, la pobreza subió por primera vez desde 2008, afectando al 28% de la población (13,3 millones de personas). Dentro de ésta, la pobreza extrema o indigencia (insuficiencia de ingresos para adquirir el mínimo calórico) sí subió de manera importante -del 7,9% (3,7 millones) al 8,5% (4 millones) de la población. Los resultados eran de alguna manera previsibles por la desaceleración de la economía, el aumento del desempleo del 8,9% en 2015 al 9,2% en 2016 y, sobre todo, por la alta inflación que sube el umbral de pobreza; pero esto no los exculpa.

La Encuesta de Calidad de Vida del Dane, que sirve de base para el cálculo del IPM, ofreció un panorama más positivo. De una parte, la evaluación subjetiva de la pobreza (cuántos jefes de hogar se consideran a sí mismos pobres) mejoró, pasando del 35,7% al 33,7% del total (nótese que la diferencia entre la medida objetiva (por ingresos) y la subjetiva es pequeña). El porcentaje de pobreza según el IPM también se redujo, y en forma sustancial, de 20,2% a 17,8% de los hogares (lo que más pesó fue la mejora en acceso a salud), validando el impacto de la política social del Estado sobre el bienestar de la población. Parafraseando a Albert Hirschman, en 2016 hubo “más desarrollo que crecimiento”. Aunque hay que decir que el Dane, que por lo demás hace un buen trabajo, pierde credibilidad sesgando sus comunicaciones hacia las cifras positivas.

Por regiones, los resultados, como los de PIB y empleo, fueron disímiles, privilegiando a aquellas con menor dependencia del sector minero-energético. La pobreza monetaria disminuyó en áreas rurales (de 40,3% a 38,6%) y aumentó en las urbanas (de 24,1% a 24,9%). Entre las principales capitales, Cali fue la única que redujo en forma importante la pobreza monetaria en 2016 -del 16,5% al 15,4%. En Medellín y Barranquilla hubo reducciones muy leves, mientras que en Bogotá y Bucaramanga hubo aumentos significativos. No obstante, cuando se toma un panorama más largo (2002-2016), Bucaramanga y luego Bogotá son las campeonas en reducción de pobreza, seguidas, en su orden, de Medellín, Cali y Barranquilla. El IPM, que solo presenta datos por grandes regiones, también señala que la mayor reducción en la pobreza multidimensional entre éstas en 2016 fue en el Valle (12% de pobreza frente a 15,7% en 2016).

El 2017 se antoja incierto en el frente social. Mientras que una inflación controlada augura menores niveles de pobreza, el bajo crecimiento y la menor creación de empleo tirarán en sentido contrario.

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