La corrupción nos carcome

Infortunadamente, además del Covid-19 a los colombianos nos habían llegado antes dos igualmente dañinas ‘pandemias’: el narcotráfico y la elección popular de alcaldes y gobernadores. La primera de ellas por su enorme capacidad de producir recursos casi que ilimitados lo cual se ha traducido en una descarada práctica para sobornar funcionarios y la segunda para desfalcar al Estado colombiano: son incontables los casos de gobernadores y alcaldes, aún en las ciudades y departamentos más importantes del país, que resultan denunciados por los entes de Control al haber desfalcado a la entidad que tenían a su cargo.

Basta señalar a los exgobernadores de la Guajira que están bajo las rejas, al igual que casi todos los últimos alcaldes de Buenaventura y Quibdó.
Tampoco se escapan de ese riesgo nuestra querida Cali y otras importantes como Cartagena y Barranquilla, ciudad que vino a recobrar la ruta del progreso con la llegada de Alex Char a la alcaldía, situación que afortunadamente se ha mantenido con Elsa Noguera y el propio Char, ya que ambos repitieron en el cargo, y con Jaime Pumarejo, su actual mandatario.

Inclusive Bogotá ha sufrido ese flagelo pues no podemos olvidar los desmanes causados por Samuel Moreno Rojas y su hermano Iván, quien previamente había dejado muchas dudas sobre la honorabilidad de su gestión como alcalde de Bucaramanga. Cuando las autoridades estaban realizando las investigaciones de su gobierno, los archivos de la Alcaldía fueron misteriosamente incendiados, con lo cual precluyó la investigación.

No obstante, al regresar a Bogotá resultó elegido senador de la República y al ser elegido su hermano Samuel como alcalde de Bogotá, se convirtió en su compinche para desfalcar las arcas de la ciudad, enriqueciéndose con las jugosas comisiones que le cobraban a los contratistas de obras como la firma de los primos Nule y otras que también se prestaron a ese contubernio.

No puedo decir que con anterioridad en Colombia no había corrupción, pues esa nefasta práctica siempre ha existido. Pero cuando los gobernadores y alcaldes de las grandes ciudades eran nombrados por los presidentes de la República, los casos de corrupción que se conocían eran pocos.

Pero cómo acabar con ese fenómeno si casi todos los últimos presidentes que ha tenido el país, por buena gestión que hayan realizado en varios campos, se han apoyado para ser electos en personajes tan cuestionados como los tristemente conocidos primos de la Costa Atlántica, los ‘Noños’. O con el cuestionado y posteriormente destituido exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía, hoy flamante jefe regional del liberalismo. Son ese tipo de personas a quienes se les debería inhibir de por vida para volver a ejercer funciones en el sector público y para presentarse como candidatos a cargos de elección popular.

Lo malo es que nuestras leyes son demasiado laxas con los corruptos, a menos que estos sean juzgados por jueces de carácter templado. Como le ocurrió recientemente al exdirector de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes Carlos Albornoz, al ser reprimido ejemplarmente por el Juez 37 Penal Municipal de Bogotá, quien lo increpó duramente por su falta de ética en el desempeño de su cargo, desfalcando al Estado.

Ojalá todo lo anterior nos demuestre a los colombianos la importancia de escoger muy bien a nuestros gobernantes.