Congreso voraz

Nadie podría dudar de las buenas intenciones del Contralor General de la Nación, Dr. Carlos Felipe Córdoba al tratar de obtener mayores herramientas que le permitan a la Contraloría combatir con mayor eficacia la rampante corrupción existente en nuestro país. Es un propósito loable compartido por todos los ciudadanos de bien que vemos estupefactos y con gran indignación como muchos funcionarios públicos, casi siempre apadrinados por caciques políticos, se roban los recursos del Estado.

Así impiden que los impuestos que pagamos se destinen a mejorar el nivel de vida de los compatriotas más necesitados, con los cuales se podrían construir más colegios y escuelas, puestos de salud, así como acueductos en las numerosas poblaciones rurales que no tienen agua potable y mejorando las vías secundarias y terciarias de la Nación.

Lo que no deja de sorprender es la celeridad con la que el Congreso de la República aprobó el proyecto de Acto Legislativo presentado por la Contraloría, supuestamente motivados sus Honorables miembros por el deseo de combatir la corrupción. Lo que no es comprensible es su falta de interés en aprobar la eliminación de las Contralorías Municipales y Departamentales que contemplaba el proyecto del Contralor, así como muchos otros que en igual sentido y en diferentes oportunidades les han sido presentados por varios gobiernos.

Esos ineficaces y costosísimos Entes de Control solo recobran un mínimo porcentaje de lo que cuesta mantenerlos operando y por supuesto una fracción de los recursos que se roban esos delincuentes de cuello blanco. La aparente explicación para ello es que esas entidades son controladas por los gamonales políticos regionales y ninguno de ellos está dispuesto a perder sus numerosas posiciones burocráticas. Además, pareciera que con honrosas y pocas excepciones, a nuestros Padres de la Patria poco les importa que el Estado invierta bien los recursos públicos.

Sorprende también que ese mismo Congreso no haya logrado aprobar los diferentes proyectos que han sido llevados a su consideración por este y anteriores gobiernos para reformar la Justicia y hacerla más eficaz, ni para eliminar el costoso e ineficiente Consejo Nacional de la Judicatura, con lo cual se lograrían importantes ahorros para el Fisco Nacional. Pero como en contraste el proyecto del Contralor al que me he referido contemplaba la creación de un buen número de cargos con sustanciales incrementos en los niveles salariales y prestacionales de esos funcionarios, tema que por supuesto es música ‘angelical’ para los congresistas y para los sindicatos de la entidad, por lo que ello se convirtió en un gran aliciente para su pronta aprobación.

Paradójicamente, los colombianos observamos estupefactos como los procesos que han sido abiertos contra funcionarios o exfuncionarios públicos por haber infringido la Ley durante su paso por el cargo para el que fueron elegidos, logran que esos procesos lleguen al ansiado, y aparentemente, fácilmente lograble, vencimiento de términos.

Ojalá las buenas intenciones del Contralor no resulten afectadas por el apetito burocrático de los Congresistas y los de sus jefes regionales, con lo cual el remedio puede resultar más caro que la enfermedad.