Vivos bobos

Mayo 04, 2011 - 12:00 a.m. Por: Emilio Sardi

La inseguridad reinante en Cali nace de factores locales, jurídicos y culturales. En cuanto a los locales, la Constitución dispone que “el alcalde es la primera autoridad de Policía en el municipio”. En este aspecto, como en tantos otros, a Cali le ha ido muy mal y, por eso, se le considera de las ciudades más inseguras del país.Nuestro Alcalde ha demostrado no estar interesado en la seguridad ciudadana, y a pesar de la difusa palabrería con la que busca encubrir su inacción en la defensa de la vida y bienes de los caleños, es evidente su displicencia en este tema. Adornado de virtudes como el amor filial y el deseo de ayudar a sus allegados, su interés reside, en cambio, en mantener cuerpos de apoyo político, como los mal llamados guardas ‘cívicos’, y en la adjudicación de contratos a través de convenios y ‘concesiones’ que circunvienen las normas de contratación estatal. No podrán los caleños aspirar a que le destine a su seguridad más que migajas del presupuesto, y deberán esperar a ver si, por chiripa, el próximo alcalde los defiende mejor.A nivel jurídico, es claro que Colombia entera está sufriendo la aplicación de tres leyes perversas: la 890 y la 906 de 2004, que reglamentaron la justicia oral, y la 1098 de 2006, o Ley de infancia y adolescencia, que mantuvo fuera del alcance penal a los delincuentes menores de 18 años.En Cali, los delitos contra la propiedad se triplicaron en 2006, al entrar en efecto la Ley 906, no porque se hubiera triplicado el número de delincuentes, sino porque tan pronto como los capturaban la nueva ley obligaba a los jueces a soltarlos. En febrero de 2010, el subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, manifestaba: “Todos los días capturamos, todos los días recuperamos objetos que han sido hurtados a sus dueños. Todos los días nuestros policías se presentan frente a los fiscales y jueces para que procesen a los responsables de los delitos”. Y todos los días esos fiscales y jueces sueltan a los capturados, por lo que el actual Comandante recientemente lamentaba que más del 70% de los capturados en el primer trimestre de este año ya estuvieran en libertad.Peor aún, desde 2009 un estudio de la Unión Europea mostró que en Colombia la impunidad es rampante y de cada cien capturados en flagrancia, 70 no llegan a condena. Por eso, urge que el Gobierno presente a consideración del Congreso modificaciones sustantivas a esas malhadadas leyes que les dan todas las garantías a los criminales y se las niegan a los ciudadanos de bienPero lo que perpetúa la inseguridad es el comportamiento criminal de los vivos bobos que la alimentan a través de la compra de mercancía robada. La ciudadanía vive atemorizada con la inseguridad, pero en forma masiva compra bienes robados y contrabandeados. Colombia es el país donde roban más celulares porque es el país donde más compran celulares robados. Quienes compran lo robado actúan de reducidores y son la raíz de ese mal. Buenas leyes y autoridades serias reducirán la inseguridad, pero ésta subsistirá mientras esa cultura antisocial persista.***Los colombianos debemos acatar la Justicia, pero quienes la ejercen deben ganar su respeto. Fallos contrarios a derecho e inicuos, como los proferidos contra el coronel Plazas y, ahora, el general Arias, lo que generan es indignación y repugnancia. ¡Cuánto pesa la plata de las indemnizaciones! ¡Qué asco y qué dolor de patria!

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