Venezuela

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Agosto 29, 2017 - 11:50 p.m. Por: Emilio Sardi

La RAE define el genocidio como el exterminio o la eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad, que es lo que está sucediendo en Venezuela. Y no me refiero a los continuos asesinatos de quienes protestan en las calles a manos del Gobierno, de por sí crímenes de lesa humanidad que rechazamos todos menos los tenebrosos personajes de la ralea de Teodora. Me refiero a los sufrimientos e incontables muertes ocasionadas por la privación que está sufriendo el pueblo venezolano de alimentos, medicamentos y elementos para la atención de la salud a manos de la banda que gobierna su país. Por ser venezolanos y por no ser de su grupo político, esa banda los está condenando sistemáticamente a la muerte por desnutrición, hambre y falta de servicios de salud.

Esta situación, de por sí condenable, afecta a Colombia. El éxodo es el recurso natural ante el genocidio, y a él apelarán en cantidades cada vez mayores los venezolanos. Por las relaciones que han hermanado tradicionalmente a nuestros pueblos y por vecindad, nosotros somos el receptor obvio de ese éxodo. Y aquí están llegando.

Ahora bien, así como es claro nuestro deber de acoger a estos hermanos que huyen de un régimen incompetente, corrupto y cruel, también es claro que debemos hacerlo en una forma ordenada y seria. Si se toma la estimación oficial de un número que supera 400 mil venezolanos que regular o irregularmente están ya en el país buscando construir un nuevo futuro, no es claro que se cuente realmente con los recursos para atender sus necesidades y derechos. Y si se piensa, además, en los cientos de miles, quizás millones, por llegar, es evidente que el problema no se arreglará como hasta ahora, simplemente dándole a cada uno su “permiso especial de permanencia”.

Hay que convocar ayuda internacional y el sistema de Naciones Unidas, con agencias como Acnur, Unicef, ONU Mujeres, el Pnud, el PMA (Programa Mundial de Alimentos), la FAO, la OMS, la Ocha (Oficina para la Coordinación de los Asuntos Humanitarios), todas con presencia en Colombia, deberían desde ya impulsar con el Gobierno Nacional programas de cooperación internacional que permitan al país ofrecer la asistencia que la nueva población proveniente de Venezuela requiere. Es hora de que sirva para algo esa frondosa burocracia.

Y ya se debieran estar abriendo los canales para facilitar el desplazamiento de refugiados hacia otros países del continente. Muchos venezolanos están usando a nuestro país simplemente como puerta de salida del infierno que viven en su patria y si bien a Colombia le cabe responsabilidad en la situación por su injustificada complacencia con el torpe ‘socialismo del Siglo XXI’, esa culpa es compartida con muchos otros países de la región. Ellos debieran ayudar a socorrer a las víctimas de ese perverso sistema.

Finalmente, el Gobierno Nacional ha informado que cuenta con un plan de contingencia para enfrentar el problema de la inmigración venezolana. Supuestamente, ese plan contempla la atención de las necesidades alimentarias, de salud, educación y estadía de hasta un millón de personas, así como su organización posterior, para que no se dispersen desordenadamente por todo el país, como hasta ahora. Es necesario que este plan se ponga ya en marcha porque lo único cierto sobre la pobre Venezuela es que allá todo empeorará antes de que empiece a mejorar.

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