Venas rotas

Hace unos tres lustros, Bogotá, a través del IDU, le otorgó a la firma Infracon S.A., del Grupo Conalvías, uno de los ‘concesionarios’ de las mal llamadas ‘megaobras’ de Cali, la concesión de cuatro parqueaderos ubicados en el norte de esa ciudad. Y así, concluidos los rituales de rigor, el concesionario construyó los parqueaderos e inició su operación.La teoría de las concesiones es que el Estado le entrega a un particular el monopolio de un servicio público -en este caso la construcción y operación de unos parqueaderos- y le concede el privilegio de explotar ese monopolio por un tiempo limitado. En los países civilizados, el concesionario usualmente compensa al Estado por este privilegio y siempre corre los riesgos inherentes al negocio que le ha sido concedido, incluyendo los de mercado, pues es principio fundamental del capitalismo que el inversionista obtiene rendimientos sobre su capital y que, para obtenerlos, debe correr riesgos. Eso no es así en Colombia. Aquí, la Ley 105/93 les removió el riesgo a los concesionarios estipulando la posibilidad de aportar partidas presupuestales “cuando los concesionarios no puedan recuperar su inversión”. ¡Y vaya si se las han aportado! En el caso de los parqueaderos, el IDU incluyó una cláusula que ha llevado a la Alcaldía de Bogotá a girarles a los felices concesionarios la friolera de $54 mil millones en los últimos diez años (contra una supuesta inversión de $21 mil millones). Y como los concesionarios no se llenan con nada, discuten ahora la prórroga de esa cláusula, para que el Distrito les gire otros $80 mil millones en esta década.Es bien conocido el inmenso daño que ha sufrido la malla vial nacional por el pésimo manejo dado a las concesiones viales. El caso de la concesión de estos parqueaderos muestra el grave peligro que implica el usar esa figura a nivel municipal. A través de cláusulas que trasladan el riesgo de mercado al Estado, o de reclamaciones para “restablecimiento de equilibrio económico”, o de ampliaciones de plazo caprichosas, o de las mil y una triquiñuelas que los concesionarios han inventado, la mayoría de las concesiones se han convertido en venas rotas a través de las que abusivamente, en forma simultánea, se despoja a los usuarios y a los contribuyentes.En el caso de Cali, el riesgo es aún mayor, pues aquí, como lo hacen con los convenios interinstitucionales, buscan usar la figura de las concesiones para evadir las restricciones impuestas por las normas que regulan la contratación estatal. ¡Y con el incentivo de las partidas para “recuperar la inversión” y los jugosos reajustes! Por eso, mientras a nivel nacional el Ministro de Transporte va a exigir diseños detallados antes de concesionar y habrá reglas que eviten las adiciones y renegociaciones, aquí se iniciaron sin diseños las mal llamadas megaobras mediante exóticas ‘concesiones’ que nadie sabe cuánto acabarán costando.Los caleños deben prepararse para lo que sucederá si, como es probable dada la gran cantidad de dinero que habría para repartir, arranca la concesión de la Autopista Bicentenario. En Bogotá, con una inversión de $21 mil millones, ya han cobrado $54 mil millones y quieren $80 mil más. En Cali, con un elefante blanco cuyo estimado de costo va para el medio billón y que con seguridad acabará costando mucho más, los billones serán muchos, y la ciudad trabajará por generaciones enteras para pagarlos.