Soberanía

Con tanto patrioterismo y rasgar de vestiduras a raíz del fallo de la CIJ sobre San Andrés, los colombianos no se han percatado de que, debido a los innumerables tratados que Colombia ha firmado, cada vez serán más frecuentes los casos en que sufrirá despojos por cuenta de fallos torticeros o errados de tribunales extranjeros de muy dudosa respetabilidad. Basta señalar que, por muy aparatoso que haya sido ese fallo, nos resultará menos oneroso que el ‘gota a gota’ montado con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde, para enriquecimiento de los turbios colectivos de abogados y sus víctimas fantasmas, avanzan ya más de 300 casos contra Colombia.En Colombia, el complejo ante los extranjeros cubre todo el espectro político. Por eso, al tiempo que un chisgarabís como Vivanco o un pájaro de cuenta como el destituido exjuez Garzón vienen a decirnos cómo deben ser nuestras leyes, EE.UU. entrena a funcionarios de nuestro Gobierno para que les concedan enormes privilegios a sus multinacionales, todo lo cual sería inaceptable en un país con dignidad. Y así, sin medir consecuencias y fiel al talante vergonzante y pusilánime con el que por décadas ha manejado su política exterior, Colombia se ha hecho parte de cuanto tratado se han podido inventar para recortarle su soberanía los más diversos interesados, desde los mamertos más lunáticos hasta los más codiciosos plutócratas.Colombia está hoy a merced de la Corte Penal Internacional (CPI), la CIJ, la Cidh, la OMC, la OIT, y otras distinguidas siglas. Y ha firmado 7 mal llamados tratados de libre comercio (TLC) y 10 de ‘protección a la inversión’ (Apri) que también han recortado severamente su soberanía. Entre sus muchos males, varios de los Apri y el TLC con EEUU nos someten al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones, Ciadi, organismo en el que las empresas pueden demandar al Estado, pero no éste a ellas. En todos esos tratados se ha aceptado resarcir al inversionista extranjero que considere que se viola alguna de sus protecciones, o que crea que Colombia ha adoptado decisiones legales o administrativas que signifiquen un menoscabo en las utilidades que esperaba recibir. Mientras Brasil nunca se ha sometido al Ciadi, contra Argentina, que lo hizo, ya cursan US$30.000 millones en demandas.La soberanía de nuestras instituciones está despedazada y sometida a órganos internacionales por tratados aceptados sin condicionamientos o salvedades suficientes por burócratas de distintas ideologías, cuyo común denominador ha sido, con raras excepciones, la falta de capacidad para defender los altos intereses de la Patria. Como resultado, tendremos que asumir una y otra vez multimillonarios costos económicos e inestimables golpes políticos y diplomáticos, fruto de la imposición de intereses extranjeros a través de todo tipo de procesos judiciales y veedurías externas.No podemos seguir sometidos a decisiones externas arbitrarias, sin control posterior, que son fuente de injerencia no justificada en nuestros asuntos, internos y externos. Avancemos tras el fallo de San Andrés. Colombia no puede seguir llorando unas aguas que ni defendió ni usaba, mientras se ahoga en un mar de babas. Además de retirarnos de la CIJ, debemos recuperar nuestra soberanía y replantear o cancelar todas esas obligaciones internacionales que fueron adquiridas tan irresponsable como irreflexivamente.