Sigue la guerra

Febrero 15, 2017 - 11:55 a.m. Por: Emilio Sardi

Sí. No para la guerra que los fundamentalistas de la lucha contra los vehículos automotores enquistados en la Administración Municipal han desatado contra la movilidad de los caleños. Estos fanáticos y sus ‘expertos en movilidad’ no pueden aguantarse las ganas de aportar al caos generado por la pobre gestión de la Secretaría de Tránsito (¿o de in-Movilidad?) y ahora anuncian con gran bombo que continuarán estrechando y llenando de policías acostados las vías más necesarias de la ciudad.

En el marco de esta guerra, El País acaba de avisarles a los caleños que en este trimestre se iniciarán las obras de ‘la segunda fase del parque lineal río Cali’. Con ella se aspira a extender la congestión generada por ese torpe proyecto en la Avenida 2N, entre las Calles 25 y 15, al tramo de la misma avenida que pasa frente al CAM, entre el Club Colombia y el Conservatorio. En un curioso ejemplo de involución urbanística, Cali va a reducir la avenida que pasa frente a la sede de su Gobierno Municipal a la categoría de simple callejuela de pueblo.

Y tras de gordo, hinchado. Como si el estrechamiento de las vías fuera poco, la señora directora de Planeación Municipal ha anunciado que las plagarán de esos monumentales policías acostados o resaltos que les ha dado por disfrazar tras el pomposo alias de ‘pasos pompeyanos’. Fuera de afectar la movilidad, esos resaltos generan mayores costos de mantenimiento en los vehículos, consumo adicional de combustible y un fuerte aporte a la contaminación y al calentamiento global. Además de inconvenientes y torpes, son también ilegales. La Ley 769/2 y la Resolución 1050/4, acogiendo convenios internacionales, descalifican su uso en “carreteras y vías de alta velocidad, vías urbanas en donde transiten rutas de transporte público colectivo, vías urbanas principales (o de jerarquía superior) o calles que enlacen a estas, vías urbanas con volumen vehicular diario superior a 500 vehículos, y vías urbanas cuyo porcentaje de vehículos pesados supere el 5%”.

La vía que quieren estrechar hoy es una de las principales arterias con que cuentan los caleños para desplazarse del Norte y el Oriente al Sur y al Oeste de la ciudad. Decenas de miles de caleños se transportan en la multitud de automotores que diariamente la utilizan. Su movilidad se verá afectada, una vez más, por los caprichos de unos pseudo-urbanistas ocofóbicos obsesionados con imponer su ideología en detrimento del bienestar de la ciudadanía.

La movilidad en una ciudad afecta la calidad de vida de todos sus habitantes, desde el más pobre al más pudiente. Una mala movilidad les roba tiempo en su trabajo, en su descanso, en su vida. Les roba tranquilidad. Es absolutamente inaceptable que, para engrandecer egos y con las excusas más ridículas, unos burócratas desenfocados le impongan a Cali proyectos que claramente deterioran su movilidad. Al inicio de su mandato, el alcalde Armitage, con muy buen tino, manifestó sus dudas sobre esta barbaridad. Ahora, con una situación de movilidad aún más complicada, es indispensable que la detenga. Apelando a su sentido común, los caleños piden su protección en la guerra que contra ellos conducen estos fanáticos.

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¿Podrá alguien creer que el único contratista que ha sobornado políticos y funcionarios públicos es Odebrecht? Lástima que nadie quiera investigar todo el oscuro tinglado de la contratación estatal.

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