Renovación

Octubre 20, 2010 - 12:00 a.m. Por: Emilio Sardi

Hace unos días, El País informó el inicio de la demolición de las edificaciones que ocupan las dos manzanas que se van a destinar a la construcción del nuevo complejo de la Fiscalía General de la Nación en el barrio El Calvario, frente al Palacio de Justicia, como parte de un proceso de renovación urbana que busca recuperar esa zona del centro de Cali.Este sector, otrora habitado por gente sana y trabajadora, entró desde hace décadas en un proceso de agudo deterioro que lo convirtió en uno de los sitios de mayor peligrosidad en la ciudad. Abundan las historias de personas que han visto sus automóviles desvalijados mientras ellas los conducían por la Carrera 10, al verse detenidos en un semáforo o en los trancones generados por los vehículos de servicio público sin control de las autoridades. Y ni qué hablar de lo que les sucede y puede suceder a quienes transitan a pie por ahí.Que las autoridades hayan decidido recuperar esta zona para el uso de la comunidad es excelente noticia. El centro es el lugar de la ciudad mejor provisto de una infraestructura de servicios públicos y es de toda lógica iniciar su renovación por el sector más deprimido. Si, como está concebido el proyecto, a la construcción de las instalaciones de la Fiscalía le sigue un desarrollo comercial y habitacional del sector, Cali habrá recibido, por fin, un beneficio real de esta Administración Municipal que tanto bombo se hace con los miles de millones que les reparte a los medios de comunicación.La noticia tiene otra faceta positiva pues pareciera indicar que la Empresa Municipal de Renovación Urbana EIC, Emru, finalmente acometerá un proyecto de verdad de renovación urbana.Creada en 2002, la Emru sólo sirvió en el gobierno del destituido Apolinar Salcedo como cementerio de proyectos usados como excusa para efectuar grandes erogaciones contra el erario local. Sin actividad durante el corto lapso de honestidad que se dio en la Alcaldía durante el breve paso de Ramiro Tafur, nuevamente entró en uso, y con renovados bríos, en el actual Gobierno Municipal, cuando éste se percató de que, por ser una Empresa Industrial y Comercial del Estado, no está sujeta a las normas que rigen la contratación estatal.A través de convenios de distinta naturaleza, la Emru ha gastado más de $100 mil millones y ha servido para toda suerte de triquiñuelas. Ha comprado desde equipos informáticos para otras dependencias hasta encuestas y material para elecciones. Sus contratos van desde la adecuación por $80 millones de un quiosco del que nadie en el vecindario puede dar razón, hasta la construcción por $26 mil millones de una ciudadela que al menos se podrá encontrar. Y sin licitaciones.Dentro de las muchas ilegalidades de las mal llamadas megaobras están tres contratos suscritos con la Emru por la Secretaría de Infraestructura Vial, cuando, de acuerdo con la Contraloría, ella “no tiene la capacidad técnica y administrativa para desarrollar los objetos contractuales”. Y, de hecho, la contralora Alma Carmenza Erazo le advirtió al Alcalde que si bien los convenios deben realizarse entre entidades públicas, eso “no le da derecho absoluto a realizarlos sin el lleno de los requisitos que establece la Ley 1150 de 2007 y demás disposiciones que la desarrollan y complementan”. Pueda ser que la renovación urbana que se piensa acometer señale también el inicio de la renovación de la Emru.

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