Pensiones

El principio de las pensiones es simple. Una persona ahorra durante su vida laboral (incluido el aporte del patrono, si está empleada) hasta llegar a la edad de jubilación, y ese ahorro es administrado por una entidad especializada que debiera mantener e incrementar su valor con eficacia y transparencia, para revertirle el capital y su rentabilidad en los años de retiro mediante el pago de un ingreso estable hasta su muerte o, cuando sea del caso, la de sus dependientes sobrevivientes. Ese esquema no funciona así en Colombia, o funciona muy mal. La regla general con la inmensa mayoría de los pensionados actuales, es que el sistema no cuenta con un ahorro suficiente para atender sus obligaciones. Para las pensiones definidas con regímenes distintos al del ahorro individual existe un faltante creciente de recursos que se cubre con el presupuesto público. Esto es, las subsidiamos todos los colombianos.Lo peor es que estos subsidios no se dirigen a los sectores de menores ingresos o a quienes han aportado por 30 ó 40 años. Esos recursos públicos van en gran medida a atender pensiones definidas con base en acuerdos colectivos y leyes para sectores privilegiados que alcanzan sumas absurdas. Como las que pagan empresas públicas territoriales (como Emcali) con 15 años de cotización, sin limitación de edad. O las de los funcionarios judiciales menores que reciben ‘palomitas’ en el Consejo de la Judicatura y se pensionan con montos de magistrados. O las pensiones multimillonarias de servidores de la rama judicial, el Congreso y órganos autónomos del Estado, que se siguen reliquidando en tutelas y demandas judiciales que ellos mismos resuelven. El Presupuesto General de la Nación para 2012 incluye un total de $29 billones, el 4,5% del PIB, para el pago de mesadas y aportes a fondos pensionales territoriales. En 1990 el gasto público en pensiones era del 0,8% del PIB, lo que muestra una tendencia que llegará en pocos años a niveles insostenibles. Para peor, esos recursos crecientes no han impulsado una mayor cobertura pensional en el país. Cuando se aprobó la Ley 100, el sistema pensional cubría al 25% de la población. Hoy, 18 años después, sólo el 26% de la población en edad de jubilación recibe una pensión y apenas el 30% de las personas ocupadas cotiza efectivamente para su pensión futura.Desde el punto de vista financiero, la crisis de la salud se resolverá con un par de billones, en un sistema al que los colombianos ya aportamos 40 billones y que tiene un cubrimiento casi universal. Para las pensiones, se requerirán decenas de billones adicionales de subsidios en un sistema al que no tiene acceso el 70% más pobre de la población. Eso no tiene lógica.El gobierno del presidente Santos debe desarmar a tiempo la bomba fiscal y social que se avecina, aunque enfrente el populismo de su Vicepresidente. Se debe revisar la edad de jubilación y, sobre todo, se debe ajustar el período de cotización a niveles realistas. Aún países tan asistencialistas como Uruguay requieren 35 años de cotizaciones, mientras que los exiguos 20 aquí requeridos son claramente insuficientes. Y sobre todo, hay que detener la explosión de tutelas y fallos sobre pensiones privilegiadas, para asegurar que en el futuro los billonarios recursos del presupuesto busquen garantizar la solidaridad, universalidad y eficiencia que también deben lograrse en el sistema pensional.