Nubarrones

Un fusil en manos de la autoridad legítima sirve para defender a los ciudadanos, pero en manos de un delincuente sirve para cometer crímenes. También las técnicas estadísticas son armas para predecir resultados cuyos efectos son buenos o malos según quien las use. Esto quedó plenamente demostrado con el atropello que quiso cometer la Registraduría al pretender anular la inscripción por firmas de Rodrigo Guerrero como candidato a la alcaldía de Cali.En una muestra de 75.157 firmas de un total de 115.250 presentadas por Guerrero, la Registraduría encontró 45.287 válidas, o sea el 60%. Para que el candidato alcanzara las 50.000 requeridas, bastaban 4.713 de las 40.093 que faltaban por revisar, o sea el 12%. Con una muestra de 75 mil, la probabilidad de que las firmas válidas no superaran 4.700 era menos de una en cien mil. Es decir, era imposible que no se alcanzara el número requerido. Sin embargo, la Registraduría decidió no aceptar la inscripción, basándose en un uso torcido de una metodología mal diseñada y peor utilizada. La respuesta altanera y amenazante del Registrador a los justos reclamos de Guerrero y de la otra despojada de sus derechos con esa triquiñuela, Susana Correa, fue reminiscente del “aquí estoy, aquí me quedo” de su mentor y líder, modelo de virtudes y faro de la moral y la ética, Ernesto Samper. A pesar de ella, se vio obligado a realizar la verificación de todas las firmas, y ella corroboró lo que la teoría predecía. El total de firmas válidas fue 68.870, el mismo 60% de la muestra, y se ratificó que en la actuación de la Registraduría había una falla protuberante en la función pública o un intento de fraude. O ambas faltas.Aunque el registrador manifestó que “con esto esperamos despejar los nubarrones que se habían generado sobre las actuaciones de la Registraduría”, eso no es así. Debe investigarse a fondo este atropello, como debe aclararse si la afirmación de que la verificación de las 40 mil firmas faltantes iba a costar $431 millones era otra de sus amenazas, o es que había encontrado una nueva manera de repartir plata entre sus validos. Que a 120 supernumerarios les paguen $600 mil diarios por 5 días para revisar 6 firmas por hora es aberrante, como lo son los $57 millones de arrendamientos para esa labor.Produce escalofríos pensar que los votos de los colombianos serán manejados por esa entidad, guarida de parientes y recomendados de algunos políticos, con ese jefe. Está fresco el recuerdo de las pasadas elecciones parlamentarias, cuando dos de cada tres caleños consideraron que hubo fraude, mientras que el registrador se empeñaba en minimizar las denuncias de fraude y compra de votos, documentadas inclusive con testimonio gráfico de El País. Como tampoco han olvidado los caleños los rumores sobre el uso de cédulas que no se habían entregado a sus titulares en la última elección para la Alcaldía local, en la que, ¡oh sorpresa!, perdió el candidato que los muestreos estadísticos daban como virtual ganador.Si esto sucede en Cali, es fácil imaginar lo que pasa en el resto del país. El voto libre y honesto es el fundamento de la democracia, y es su bien más preciado. El fraude y la compra de votos no pueden seguir despojando a los ciudadanos del uso efectivo de su voto. Urge que el Gobierno presente al Congreso un proyecto serio que modifique el lamentable esquema actual y limpie la Registraduría.