Los otros secuestrados

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Lleva ya 14 años secuestrado por las Farc el sargento José Libio...

Los otros secuestrados

Noviembre 16, 2011 - 12:00 a.m. Por: Emilio Sardi

Lleva ya 14 años secuestrado por las Farc el sargento José Libio Martínez. Junto con él padecen la tortura de ese atroz delito otros 15 militares que perdieron su libertad al defender nuestras instituciones. A ellos y a sus familias, los colombianos los tenemos siempre presentes.Pero hay otros militares nuestros que también están secuestrados por defender nuestras instituciones de los que nadie se acuerda. Me refiero a los que se encuentran secuestrados en nuestras cárceles, víctimas de fallos torticeros en los que han primado sobre la Justicia consideraciones políticas y de lucro.Todo miembro de la Fuerza Pública que viole la ley penal militar o, cuando procede, el código penal ordinario, merece un castigo ejemplar y riguroso. No se puede tolerar que quien recibe la misión sagrada de proteger a los ciudadanos pueda atentar contra ellos. Y sin duda muchos de los militares que hoy purgan penas eran culpables de los delitos por los que los condenaron. Pero también hay muchos en cuyos juicios el objetivo fundamental fue dañar la imagen del país y de sus instituciones, o generar el escenario para poder cobrarle indemnizaciones a la Nación. O ambos.Como el general Uscátegui, condenado en el caso de Mapiripán sin tener control sobre la unidad culpada de omisión, con base en deleznables testimonios orquestados por el turbio 'colectivo' cuyas falsas víctimas empiezan a aparecer. O el general Arias, cuya condena sin pruebas por los supuestos desaparecidos del Palacio de Justicia hasta el presidente Santos ha calificado de injusta. O los aviadores de Santo Domingo, condenados con evidencias y testimonios muy cuestionables, donde se espera la próxima detección de falsas víctimas.O como el coronel Plazas, quien, ignorando el principio de cosa juzgada, fue condenado sin pruebas a 30 años de prisión por una supuesta violación de una ley que no existía en 1985, lo cual viola el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Colombia es parte. Y quien sigue preso aún ahora, después de que la Procuraduría encontró al testigo estrella en ese turbio montaje y éste niega haber rendido el testimonio que fraudulentamente se usó para condenarlo.O recientemente, como el mayor Ordóñez, condenado junto con sus hombres en un 'juicio' en el que el juez hasta prohibió que a un general de la República que había acudido a testificar se le reconociera su rango militar, por calificarlo de intimidatorio, y consideró que el que hubiera sido el oficial más condecorado de su clase y que se hubiera graduado como contraguerrillero, paracaidista, lancero y comando mostraba que era un asesino en potencia, en espera de una oportunidad para matar.Por todo lo anterior, es sano el restablecimiento, así sea parcial, del fuero militar que acaba de aprobar el Congreso en una primera instancia. Pero no es suficiente. Los colombianos no podemos continuar impasibles mientras en nuestras cárceles languidecen secuestrados militares inocentes, víctimas del uso torcido de nuestras leyes. Debemos reaccionar y reversar esos abusos. Y los primeros que deben buscar hacerlo son los miles de miembros de la rama judicial que arriesgan sus vidas para aplicar la Justicia rectamente, y que no pueden permitir que su limpia labor siga siendo enlodada por abogados venales y funcionarios que usan la Justicia para sus propios fines.

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