6024455000La condena del Pacífico
Es urgente revisar ese ruinoso sistema de propiedad colectiva para que la gente del Pacífico no siga condenada a la pobreza y a la ilegalidad.
El festival Petronio Álvarez que acaba de concluir en Cali demostró una vez más la riqueza cultural de nuestro Pacífico. No en vano la Unesco la reconoce como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, reconocimiento que, no siendo de modas sino de tradiciones, será cada vez más fuerte.
Sin embargo, pasada la fiesta, al mirar a la región representada en la cultura del Pacífico, aparece otra dura realidad: la de una región sumida en la más aterradora pobreza, con insatisfechas necesidades sociales, económicas, institucionales y de seguridad. La de una región notablemente rezagada en el proceso de desarrollo del país.
El Chocó tiene los más altos índices de pobreza monetaria (61,1%) y de pobreza extrema (34,5%) del país. Cifras comparables con las de los 10 municipios del Pacífico nariñense, los 3 del Cauca y Buenaventura. Esto ante un promedio nacional de pobreza del 27% y de pobreza extrema del 7,2%, y una capital, Bogotá, con índices del 12,4% y del 2,5%, respectivamente.
Es cierto que, como otras zonas del país afectadas por la pobreza, esta región ha sufrido históricamente el abandono de un Estado centralista. Pero mientras otros departamentos avanzan de una u otra forma, en el Pacífico la situación sigue estancada y crítica. Y si el Petronio Álvarez es testimonio de algo, es de que ese estancamiento no es por falta de talento o creatividad de sus habitantes.
La verdad es que la principal causa de este rezago es el modelo de desarrollo establecido allí, cuyo elemento central es la propiedad colectiva de la tierra. En el andén Pacífico colombiano se han titulado 5,3 millones de hectáreas como territorios colectivos de comunidades afrodescendientes y 2,8 millones de Ha como resguardos. Son 8 millones de Ha de propiedad colectiva, inembargable, inenajenable e imprescriptible, más del 70% del área del Pacífico colombiano. Cuando se le añaden a esta inmensa área las de los baldíos y las de los parques naturales, es obvio que casi nada queda para la iniciativa privada.
Con ese tipo de propiedad, acompañada además de interminables consultas previas, se dan incertidumbres que desincentivan y bloquean la inversión en proyectos o actividades de beneficio económico y social, local y regional. Mientras esto pase, la comunidad seguirá sin opciones de vida dignas. Peor aún, ante la imposibilidad de impulsar proyectos de desarrollo legales, los ilegales -que no tienen control- aprovechan ese espacio. Por eso, allí reinan la minería, la deforestación y la pesca ilegales, y el narcotráfico. Donde no hay espacio para que la gente pueda vivir de una actividad legítima, se impone la ley del crimen.
Los que apoyan la colectivización de las tierras olvidan que Stalin y Mao masacraron más de cien millones de personas para imponerla en los países que tiranizaron, logrando con ella sólo la destrucción de la producción y el hambre. Quien crea que en el Pacífico la gente es feliz con ese modo de vida debe recordar que todos tenemos derechos humanos y que los económicos y sociales son parte de ellos. Excluir a estos colombianos del desarrollo no es justificable por ninguna razón ideológica. El bienestar y el desarrollo social requieren que los beneficios del crecimiento económico lleguen a todas las regiones. Es urgente revisar ese ruinoso sistema de propiedad colectiva para que la gente del Pacífico no siga condenada a la pobreza y a la ilegalidad.
