La Anla y los TLC

En 2008, el Gobierno definió, promovió y, mediante subasta pública, asignó unos bloques para exploración petrolera, entre los cuales se encontraba el Bloque Serranía, vecino al Parque Nacional Natural Tinigua, en la zona de La Macarena, y obviamente fuera de éste y sin restricción ambiental alguna. En virtud de esta adjudicación, la empresa a la que se le asignó dicho bloque inició las actividades necesarias para iniciar la exploración. Estas actividades son tanto técnicas como jurídicas, y van desde generar información geológica detallada del terreno hasta obtener la licencia ambiental.Ahora bien, si encontrar petróleo no es fácil, obtener una licencia ambiental linda con lo milagroso. La complejidad e irracionalidad de la normatividad colombiana en lo concerniente al medio ambiente supera las más negras pesadillas de Kafka. Es un entramado de normas que, en general, tiende a interferir con el desarrollo sostenible del país y, además de incluir los caprichos de los más lunáticos ambientalistas, establece innumerables instancias en las que el solicitante queda expuesto al chantaje y a la arbitrariedad. Con un promedio de tres años de trabajo, una licencia cuesta miles de millones de pesos.Aunque la empresa a la que se le había asignado el Bloque Serranía surtió diligentemente todos los trámites de ley, incluyendo audiencias públicas con la comunidad, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) sólo le aprobó la licencia ambiental cinco años después de iniciado el trámite. ¡Y ahí fue Troya! Inmediatamente se desató una irracional campaña contra este acto, alegando unos hipotéticos daños a los territorios vecinos sobre la base de especulaciones lanzadas por personajes más reconocidos por su activismo que por su rigor académico. Campaña que, entre otras cosas, desecha la validez de los linderos de las áreas protegidas, equivalentes hoy al 23% del territorio nacional, y busca cubrir cualquier punto indefinido en su vecindario.A los pocos días, la Anla revocó la licencia ambiental, supuestamente en respuesta a un recurso que estudió en un día y que no le dejó conocer o controvertir a la empresa que había invertido años en el proyecto. Hasta hace un tiempo, la empresa afectada hubiera tenido que resignarse a aceptar el atropello y buscar a través de medios legales recuperar algo de lo invertido en el proceso. Hoy, el costo para Colombia puede ser muchísimo más alto. Dentro de la multitud de tratados ‘comerciales’ (TLC) y de protección a la inversión (Apri) firmados durante la última década, más de una docena contienen la figura de ‘expropiación indirecta’, que estipula que el Estado debe resarcir cualquier desmedro que, por decisiones suyas, ya sea legislativas, administrativas o judiciales, puedan sufrir los inversionistas extranjeros en las utilidades que esperan realizar en Colombia. En este caso, la empresa afectada podrá reclamar las utilidades que esperaba obtener en el proyecto ante el Ciadi, centro de resolución de diferencias de reconocida propensión a fallar a favor de los particulares. Dada la falta de transparencia de nuestras autoridades en este caso, lo más probable es que triunfe y el laudo sea por cientos o quizás miles de millones de dólares. Así, Colombia se quedará sin el petróleo y sin los dólares. Bien debe la Anla considerar una segunda patraseada, antes de someter al país a este tremendo riesgo.