La Anla - revisión

En anterior columna expresé mi opinión sobre la demora y posible suspensión de la construcción de la vía Mulaló-Loboguerrero y el rol que en estos eventos yo entendía había desempeñado la Anla, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. El privilegio que este periódico generosamente me da de escribir libre y francamente sobre los temas que yo escoja me impone la obligación de hacerlo de la manera más objetiva posible y basado en la mejor información disponible. Para ajustar lo expresado sobre el tema a información recibida recientemente, lo abordo nuevamente.

El hecho es que una cosa es la Anla de hoy y otra la de ayer. Como lo informó en este diario el doctor Rodrigo Suárez, su actual director: “En 2020, por primera vez en la historia de la Anla dimos respuesta a todas (100%) las solicitudes de licencia ambiental de acuerdo con los tiempos establecidos en la normatividad colombiana. Igualmente, logramos reducir los tiempos de respuesta para permisos y trámites ambientales hasta en un 70% y hemos tomado decisiones oportunas para más de 18.000 trámites al año, con cero rezagos”.

Es claro que, dentro del marco de la opresiva e incapacitante legislación ambiental colombiana, la Anla desarrolla hoy una labor eficiente. Cosa muy distinta de lo que sucedía hasta hace tres años, cuando la Anla se distinguía por su morosidad y funcionamiento arbitrario. Era una agencia que, por ejemplo, por razones que nunca fueron satisfactoriamente explicadas, revocó una licencia ya concedida a una compañía petrolera para explorar en un terreno ubicado a decenas de kilómetros de un área de manejo especial, exponiendo así caprichosamente a Colombia a multimillonarias demandas.

En el caso del proyecto Mulaló-Loboguerrero, se aprecian dos gestiones totalmente distintas. En los primeros tres años, hubo demoras y requerimientos injustificados por parte de la Anla, y hasta da la impresión de que pudiera haber existido un interés en que el proyecto no siguiera adelante, posiblemente por presiones locales. En los últimos tres años, en cambio, la Anla actuó con gran diligencia y todas las demoras en el proceso fueron causadas por el concesionario, cuyas actuaciones ocuparon más de dos tercios de este período.

A raíz de lo que ha venido sucediendo, la intención declarada por el concesionario de buscar la terminación del contrato deja muy mal sabor. Pareciera que, por razones financieras o de cualquier otra índole, sencillamente está buscando deshacerse de sus responsabilidades contractuales desplazándole la responsabilidad a la Anla. De ser este el caso, el daño que sufriría la región sería enorme e inaceptable. Aquí es donde debe ser defendida por la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura. Finalmente, esta agencia es la contratante del proyecto y es la responsable ante la región de que este se lleve a buen término. A ella le compete solucionar el problema.

En lo que sí no ha aparecido información alguna que modifique mi opinión es sobre el funesto Acuerdo de Escazú, que, bajo el disfraz de hacer abrir la información en materia ambiental, permite la participación de cualquiera, nacional o extranjero, en los procesos de toma de todas las decisiones ambientales, sus revisiones y reexaminaciones. La adhesión a él, además de constituir una entrega injustificada y absoluta de soberanía, llevaría a un bloqueo permanente y arbitrario del desarrollo nacional.
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